​Greenpeace reclama restaurar el mayor desmonte ilegal del país

Greenpeace reclama la urgente implementación de tareas de recomposición ambiental en el desmonte ilegal más grande del país. La organización remitió una carta al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y al procurador general, Pedro García Castiella.

La Justicia salteña elevó a más de 8.000 millones de pesos, el equivalente a 15 millones de dólares, la multa a dos empresarios. El hecho afecta a una finca ubicada en la localidad de Dragones, dentro del departamento San Martín.

El caso involucra el desmonte de 11.815 hectáreas en la propiedad de Juan José Karlén y Daniel Darío Karlen. La entidad ecologista denunció el caso en los años 2013, 2016 y 2023.

El impacto en la comunidad y el bosque chaqueño

La zona afectada pertenece al bosque chaqueño y contaba con un buen estado de conservación. El territorio está categorizado en la zona amarilla de la Ley de Bosques, un sector donde rige la prohibición de desmonte.

Las comunidades wichí de Finca Cuchuy denunciaron el avance de 18 topadoras en su territorio de uso tradicional. Los pobladores originarios utilizaban el área para obtener alimentos y productos como el chaguar para su economía de subsistencia.

Noemí Cruz, coordinadora de Greenpeace, expresó que “el desmonte ilegal debe ser un delito penal, porque ninguna multa, si se paga, restituye el monte, ni los cementerios de los wichí que fueron arrasados en esa zona”.

Incumplimientos y continuidad de la actividad agropecuaria

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció inicialmente a los empresarios por trabajo esclavo. Tras la sanción, los titulares de la finca acordaron un plan de remediación forestal que nunca cumplieron.

El Ministerio Público Fiscal de Salta sostuvo que desde el año 2018 no hubo evidencia concreta de restauración activa. El organismo judicial comprobó que persisten actividades productivas dentro de los catastros afectados, pese a las restricciones vigentes.

Los productores apelaron las sanciones y continuaron con la comercialización de las cosechas. Integrantes del Frente Nacional Campesino denunciaron amenazas y la colocación de candados en caminos vecinales que aíslan a los puesteros del sector.

DE UNA