Así lo expresó el Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, quien dialogó en DE UNA sobre el aumento de los jubilados y el posible veto presidencial. “Estos ciudadanos están en una crisis humanitaria, pero no quieren reconocerla como tal”, señaló.
Eugenio Semino, Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, sostuvo que Argentina vive en un permanente déjà vu.
En diálogo con DE UNA recordó que, desde 2013, 6 millones de beneficiarios han perdido poder adquisitivo, “hasta llegar a valores absurdos”, dijo.
Según indicó, en abril, hace tres meses, la canasta ya superaba el millón doscientos mil, pero el jubilado aún cobra menos de 400 mil pesos. “Literalmente se mueren de hambre”, expresó.
Semino hizo énfasis en dos incrementos que, explicó, no cambian la situación de fondo de los jubilados. Por un lado, señaló que el impacto del Producto Bruto Interno (PBI) en las jubilaciones llevaría los haberes a 440 mil pesos. “Muy distante todavía de poder salir del estado de miseria en el cual viven”, comentó. Por otro lado, puso su atención en el Índice de precios al consumidor (IPC), cuyo ajuste tampoco ha significado un gran aumento para los jubilados, dado que, desde hace más de un año, el bono se encuentra congelado.
En este sentido, el Defensor del Pueblo de la Tercera Edad declaró que el país se encuentra ante una emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional; en una crisis humanitaria que no se quiere reconocer como tal.
Bajo su punto de vista, el Gobierno sigue escudándose en el "No hay recursos", cuando, en realidad, el ajuste de la economía se hace mayoritariamente sobre los recursos de la seguridad social. “Se paga con la pérdida de vida de los jubilados, algo que parece estar naturalizado”, dijo.
Para él, la emergencia tiene que ser resuelta por el Estado. “Lo que hay que hacer es aplicar recursos del presupuesto nacional, provincial y municipal, para sacar de ese estado de crisis a los que lo están padeciendo y hacerse cargo de las muertes que ya están ocurriendo”, expresó, e indicó que, si se da el veto presidencial del aumento a los jubilados, se verá obligado a recurrir nuevamente a la inconstitucionalidad. “Sería otro disparate más de la actual administración”, concluyó.