Companys solicitó la elevación a juicio de la causa contra Peressutti

La fiscal de Instrucción de Villa María, Juliana Érica Companys (foto izquierda), presentó ante la Cámara del Crimen el requerimiento de elevación a juicio para la causa que investiga a exfuncionarias y dirigentes de la región.

La principal imputada es la exauditora general de Villa María, Alicia Peressutti (foto derecha), señalada como presunta partícipe de una estructura delictiva orientada a defraudar los fondos del Estado, señala El Diario del Centro del País.

El pedido de la Fiscalía alcanza de igual manera a la actual intendenta de la localidad de Ballesteros, Graciela Sánchez; al exdirector del centro de rehabilitación de adicciones "Asociación Nazareth", Ernesto Lazarte; y a la exdirectora de dicha institución, Lorena Pinta.

Tres instituciones involucradas

La acusación actual que sostiene la fiscal Companys tiene sus inicios en un complejo entramado que conectó a tres organizaciones no gubernamentales: Vínculos en Red (fundada por Peressutti), Asociación Nazareth (dirigida por Lazarte) y Mama Antula (presidida por Sánchez, con Pinta como tesorera).

De acuerdo a la investigación, estas instituciones permitieron que niños y niñas que se quedaban sin adultos que los cuiden, personas mayores de edad en tratamiento por adicciones y mujeres víctimas de trata compartieran el mismo espacio físico en el barrio La Calera de Villa María, desvirtuando los fines específicos de cada espacio.

Originalmente, los gastos de la estructura se cubrían con becas de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), obras sociales y aportes municipales. Sin embargo, ante la insuficiencia de recursos, la red habría creado la ONG Mama Antula para acceder a financiamiento de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) para el cuidado de menores en situaciones complejas.

La sospecha judicial apunta a que se declaró como sede de esta última entidad el domicilio particular de Pinta, ocultando que los niños eran derivados, en realidad, a convivir con las poblaciones de las otras organizaciones.

Financiamiento y facturas falsas

Mientras todo esto ocurría, ingresaron tres denuncias a la Fiscalía de Segundo Turno, a cargo de Companys, por presuntos hechos de abuso sexual cometidos en las sedes de esas instituciones.

Las víctimas eran dos menores de edad (un varón de 14 y una nena de 15), más una mujer de 28 que estaba realizando un tratamiento de adicciones. El acusado: Ernesto Lazarte.

 Es en este contexto que durante los allanamientos en los refugios se constataron severas deficiencias materiales -en Casa Esperanza solo había un pan dulce y una bolsa de cebollas para alimentar a doce niños- y se secuestraron los teléfonos celulares de los implicados.

El cruce de información tecnológica resultó clave, ya que en uno de los dispositivos se halló un grupo de WhatsApp titulado “Mama Antula II”, integrado por Peressutti, Lazarte, Pinta y Sánchez. En ese chat constaban mensajes explícitos donde se coordinaba la búsqueda de tickets y facturas falsas para rendir $2,5 millones recibidos del Gobierno provincial, con directivas de evitar comprobantes que incluyeran bebidas alcohólicas.

A la par de los chats, la instrucción sumó declaraciones de personas que figuraban emitiendo facturas a la entidad y que aseguraron ante la Justicia que jamás habían firmado dichos comprobantes. Además, se detectaron irregularidades administrativas, como el hecho de que la vicepresidenta de la Asociación Nazareth no era empleada de la ONG, sino de la Auditoría General.

La escala de las imputaciones y próximos pasos

A raíz de estas maniobras, las calificaciones legales formuladas por la fiscal Companys contra los involucrados comprenden los supuestos delitos de “asociación ilícita”, “fraude contra la administración pública” (reiterado en 16 hechos), “falsificación de instrumento público equiparable a público” -por la falsificación de facturas para justificar gastos inexistentes- y “peculado de servicios” -usar dinero del Estado en beneficio propio-.

Tras concretarse este pedido de elevación a juicio, la Justicia notificó formalmente a los abogados defensores de los cuatro imputados, quienes cuentan con el derecho de oponerse de manera total o parcial a la resolución. En caso de que se formalice una objeción, el expediente será remitido al Juzgado de Control, a cargo de la Dra. María Soledad Dottori, quien resolverá si se hace lugar al planteo.