Una legisladora provincial presentó un proyecto en la Unicameral para frenar el uso de becas y monotributos en el Estado. La iniciativa apuntó a evitar las designaciones irregulares y a proteger los fondos de la Caja de Jubilaciones
La legisladora Brenda Lis Austin advirtió en DE UNA sobre el crecimiento de la precarización laboral en la administración pública de Córdoba. La representante de la Unión Cívica Radical explicó que el oficialismo provincial eludió los concursos formales.
La abogada presentó una iniciativa para detener este problema. "Estamos pidiendo la suspensión por el plazo de dos años de todos estos mecanismos de contratación precarios", detalló sobre el proyecto legislativo impulsado esta mañana.
Previo a este debate, el Gobierno provincial había utilizado figuras transitorias para incorporar personal, como el monotributo, las becas y pasantías. "Terminan siendo manera de entrar a la administración a dedo, evitando que se lleven adelante los concursos", criticó.
La funcionaria remarcó que el sistema legal garantiza idoneidad y probidad. "Cuando se rompe este sistema, todo esto se saltea y es lo que puso al desnudo el caso Barrelier", recordó sobre el ingreso del empleado con antecedentes.
El impacto económico y la falta de transparencia
La legisladora aseguró que esta práctica desfinanció la Caja de Jubilaciones porque el Estado omitió pagar aportes. Esta maniobra perjudicó directamente a los trabajadores y a las trabajadoras que se encuentran en planta permanente.
"Se le descuenta cada vez más para financiar un sistema que está roto, pero que está roto por responsabilidad principal de la provincia", lamentó respecto al esfuerzo que realiza el personal activo para sostener el esquema actual.
"El gobierno de turno termina colocando a los amigos, a los referentes políticos, a los punteros y no a personas capacitadas", cuestionó.
El debate y los números en la Legislatura
Los registros oficiales marcaron que el 23,2% de los agentes figuró como personal transitorio. Austin calculó que, al descontar al sector educativo, cerca del 20% de la plantilla estatal afrontó este tipo de condiciones laborales.
"Esperamos que el oficialismo abra el debate", afirmó. Varios bloques de la oposición acompañaron la iniciativa y aguardan conocer qué actitud adoptan los y las legisladoras que integran la mayoría.
La oposición tiene previsto insistir con el tratamiento del proyecto en las comisiones respectivas. "Lo que queremos evitar es que se utilice el Estado como un botín de guerra, como si estuviéramos rifando cargos públicos", concluyó.