Se trata la Ley de Emergencia en Discapacidad: "Hay gran expectativa"

María Inés Sánchez Snipe, miembro de la Asamblea de Trabajadores de la Inclusión, dialogó con LV16. Este jueves, si se cumplen los planes previos, el Congreso de la Nación tratará, entre varios proyectos, la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya tiene media sanción. Es impulsado por organizaciones sociales y cuenta el apoyo de la oposición.

Apunta a garantizar derechos y servicios esenciales para las personas con discapacidad y los trabajadores del área, en un contexto de recortes y demoras en los pagos. Milei anticipó anteriormente vetar la ley en caso de que se apruebe. Hasta incluso la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) manifiestó su rechazo.

Para exigir que se de paso a esta ley, este jueves 10 de julio se realiza una nueva jornada federal de lucha del colectivo, convocada por un amplio abanico de organizaciones. La iniciativa se concretará en diferentes lugares del país. En Buenos Aires se reunirán frente al Congreso a partir de las 11hs.  A nivel local, debido a las vacaciones de invierno por las que transitan los niños sumados a la situación climática, se decidió no hacer la convocatoria.

“Tenemos una gran expectativa” contó y señaló que les parece que hay voluntad de aprobación. “Es urgente. El sector atraviesa una situación muy difícil”.

Explicó que como manera de visibilización se opta por la difusión mediante redes sociales y medios. También se entrega una carta con firma de varios movimientos, instituciones y equipos interdisciplinarios, como ATI, el Colegio de psicopedagogos, Asamblea de DDHH, dirigida a la intendencia, a la Defensoría del pueblo y el Concejo Deliberante.

“Hasta ahora, sostenemos la situación los prestadores y es agobiante” dijo. En 2025 no se otorgó ningún incremento en el nomenclador.

Diferentes instituciones, como centros educativos terapéuticos, hogares, escuelas se complica el mantenimiento de las instalaciones y los servicios. Incluso, más allá del apoyo de la comunidad, varias están al borde del cierre de puertas.

Mencionó que los más perjudicados son los pacientes que tienen una situación económica complicada. “Esto no es un privilegio. Es un derecho sustentado por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Recordó que se ha otorgado a este acuerdo jerarquía constitucional, además de la adhesión en Argentina por medio de las leyes.

“Defendemos la división de poderes y vivir en una República federal”, expresó. “Hoy es fundamental avocarnos a la ley. Deseamos que se apruebe, veremos qué pasa”, sentenció.

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