Reproches del Tribunal de Ética Judicial a la fiscal de Instrucción Juliana Companys

El Tribunal de Ética Judicial, presidido por el doctor Armando Andruet, se expidió sobre la denuncia contra la fiscal de Instrucción Juliana Companys, por su participación en el documental “El vendedor de ilusiones: El caso Generación Zoe”, transmitido por Netflix.

La acusación sostiene que su involucramiento en el documental compromete su imparcialidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones, además de alegar una posible violación del secreto de sumario y el uso indebido de recursos del Estado para fines personales.

Guillermo Dragotto, representante legal de Leonardo Cositorto y Maximiliano Batista en la mencionada causa, argumentó que Companys actuó de manera subjetiva y reveló detalles del caso que deberían permanecer en reserva.

Se destaca que sus declaraciones en el documental no solo afectan la percepción pública de la investigación, sino que también podrían comprometer el derecho de defensa de los imputados al asumir su culpabilidad antes del cierre del proceso judicial.

Ante estos reclamos, el tribunal dictaminó que, aunque la fiscal Companys pudo haber actuado dentro de sus funciones, su participación en el documental y sus declaraciones han generado dudas sobre su imparcialidad.

Por lo tanto, determina que infringió varios principios éticos del Código de Ética Judicial, lo que justifica la recomendación de elevar su caso al Tribunal Superior de Justicia para su consideración y posible sanción.

También, el Tribunal de Ética sugiere que se implementen medidas para prevenir situaciones similares en el futuro, subrayando la necesidad de mantener la confianza pública en el sistema judicial.

El caso se remitió a la Secretaría de Sumarios Administrativos para una mayor clarificación de los hechos y la posible responsabilidad administrativa de la fiscal en relación con su participación en el documental.

La fiscal Companys, en tanto, defendió su actuación, argumentando que su participación se enmarca en una causa de gran relevancia social y que su deber como fiscal implica informar al público. Aseguró que no vulneró la reserva del sumario, ya que la información divulgada había sido ampliamente cubierta por los medios de comunicación.