Piden saber si "Córdoba contrata granjas de trolls y sitios de desinformación" vinculadas a Cerimedo

El presidente del bloque del PRO en la Unicameral Oscar Agost Carreño presentó esta semana una iniciativa orientada a fiscalizar las contrataciones directas realizadas entre 2025 y 2026 a través del Ministerio de Comunicación, la Agencia Córdoba Turismo y Rentas Generales.

Sospechas sobre el uso de recursos públicos

La investigación impulsada por el bloque opositor busca determinar el tipo de servicio contratado por la administración provincial y si los fondos estatales financiaron herramientas de manipulación digital. Un conjunto de periodistas de investigación que controlan los portales de transparencia, llegaron a estos montos millonarios. 

La polémica por los fondos destinados a Madero Media Group, empresa vinculada al empresario Fernando Cerimedo, llegó a la Legislatura de Córdoba. Fernando Cerimedo es un consultor y estratega de comunicación digital que fue asesor de Javier Milei y uno de los fundadores de La Derecha Diario. Según la información que motivó el pedido, Madero Media Group habría recibido $51.650.000 durante 2025 y al menos $64.700.000 en 2026. 

Oscar Agost Carreño, legislador provincial, expresó que "lo que nos preocupa saber es cuál es el criterio por el cual se contrata a esta empresa, si se contratan servicios de campañas sucias en redes sociales, campañas de difamación o de darle like, por ejemplo, a los tuits del gobernador o de algún funcionario".

Asimismo, el parlamentario alertó sobre la posible difusión de contenidos no verificados con dinero público. "Queremos saber si también están contratando pauta a otra empresa vinculada al señor Cerimedo, que es la de La Derecha Diario. Sabemos que además de ser un medio normal tiene campañas que suelen ser de desinformación, es decir, de información que no está chequeada, no es correcta y que vuela a través de estas granjas en redes sociales", manifestó Oscar Agost Carreño.

La distribución de la pauta y los pasos en la Unicameral

Durante la entrevista, el legislador señaló que el esquema de adjudicación de la pauta publicitaria responde a una logística centralizada dentro del Ejecutivo provincial para luego ser distribuida en diferentes áreas. 

El diputado remarcó la diferencia entre la publicidad oficial habitual y el financiamiento de estructuras digitales de ataque. "Siempre estamos hablando de contrataciones directas. Lo extraño es que se sume la contratación de empresas que generan campañas de difamación o que tienen granjas de bots y trolls. Empresas que se dedican a posicionar en redes sociales desinformación o denostar a opositores", aseveró Oscar Agost Carreño.

Respecto al trámite parlamentario, la legislación cordobesa no fija un plazo estricto para que el Ejecutivo responda los pedidos de informes. Sin embargo, el reglamento legislativo habilita a la oposición a instar su debate formal en el recinto tras dos sesiones sin obtener contestación oficial.