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26/06/2024 06:29 hs

Fútbol para Todos: comenzó el juicio a exfuncionarios por administración fraudulenta

- 26/06/2024 06:29 hs
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Los acusados son juzgados por el desvío de fondos y distintas irregularidades en el marco de la asociación entre la Jefatura de Gabinete de ministros y la AFA entre 2009 y 2015.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó el lunes el juicio a 14 personas -exfuncionarios nacionales, dirigentes del futbol argentino y empresarios- por incumplimiento de los fines del contrato en el programa televisivo “Fútbol Para Todos". 

En ese entonces dependiente de la Jefatura de Gabinete de ministros de la Nación, y por maniobras de desvíos de fondos del Estado Nacional a cuevas financieras, mediante maniobras que se habrían dado entre agosto de 2009 y diciembre de 2015.

En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal general Miguel Ángel Osorio y la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA,) Andrea Garmendia Orueta. En tanto, la instrucción de la causa estuvo a cargo del titular a Fiscalía Federal Nº3 porteña, a cargo de Eduardo Taiano.

En el caso se encuentran acusados los exjefes de gabinete de ministros de la Nación, Aníbal Fernández y Milton Capitanich; el excoordinador del programa, Gabriel Mariotto; los exdirectivos de la Asociación de Futbol Argentino Luis Segura (expresidente), Miguel Ángel Silva (exsecretario general) y Rubén Manuel Raposo (exadministrador financiero); los exdirectivos de Futbolistas Argentinos Agremiados Carlos Alberto Pandolfi (extesosero), Raúl Pagano (exgerente financiero), Sergio Raúl Marchi (exsecretario general), Norberto Francisco Monteleone (exgerente general); el expresidente de la firma Iveco, Natale Antonio Rigano; y los directivos de las entidades crediticias Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Amigal Limitada y Grupo Climafin, Eduardo Fortunato Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Daniel Dávola. 

También se encontraban acusados los exdirectivos de la AFA Rafael Armando Savino y José Lemme, quienes fallecieron.

Los acusados llegaron a juicio por el delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública -Segura y Fernández en calidad de autores y el resto en calidad de participes necesarios-, a excepción de Capitanich, quien está imputado por el delito de violación de los deberes de funcionario público en calidad de autor.

El tribunal dio lectura de la acusación fiscal y abrió la instancia a planteos preliminares, momento en el que la defensa solicitó una nulidad parcial de la acusación que fue contestada por la fiscalía tras un cuarto intermedio.

Al contestar el traslado, el fiscal Osorio fundamentó que el requerimiento de elevación a juicio cumplió con los requisitos del artículo 347 del Código Procesal Penal de la Nación, por contar con una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos imputados, la calificación legal y la exposición de los motivos en los que se fundó la parte acusadora. Posteriormente, el presidente del tribunal informó que la resolución se dará a conocer en la próxima audiencia del 1º de julio.

Según detalló la fiscalía de instrucción en la acusación, el contrato asociativo entre la Jefatura de Gabinete de ministros de la Nación y la AFA tenía como objetivos asegurar el acceso libre y gratuito de los partidos por televisión abierta a la población y el fortalecimiento económico de los clubes. 

El requerimiento de elevación a juicio indicó que este último aspecto -tal como surgió de la investigación- no sólo no se verificó, sino que, por el contrario los respectivos pasivos de los clubes se incrementaron sustancialmente, sin que en ese marco siquiera se haya observado la cancelación de la deuda que mantenían con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La acusación remarcó que hubo incumplimiento relativo a cláusulas en las cuales la AFA se encontraba obligada a hacer auditorias en los clubes para fiscalizar el cumplimiento estatutario, por lo que las entidades deportivas debían, entre diversas acciones, llevar la contabilidad de cuentas patrimoniales de ingresos y egresos específicas para la actividad del fútbol profesional e invertir en obras de utilidad deportiva o cultural el remanente líquido que obtuvieran del fútbol, entre otros deberes.

La fiscalía señaló además a los imputados por maniobras fraudulentas de desvíos de fondos públicos mediante el cobro de cheques, a través de la AFA y mediante otras entidades. 

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