Obra Pública a la "Chilena": vivencia y experiencia del otro lado de la Cordillera

Obra Pública a la Chilena 
Desde los años 90´ las concesiones de obra pública son el principal método de ejecución de infraestructura pública en Chile. Las grandes obras públicas han sido ejecutadas mediante esta modalidad de contratación administrativa.

El periodista chileno Mario Gutiérrez, asesor comunicacional independiente y conductor del programa multiplataforma "Manos Libres" explicó que este sistema proviene de la Ley de Concesiones 20.410 que nació en 1993 durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, en los primeros años del retorno a la democracia.

A través de contratos de concesión de obra pública es que el país limítrofe ha construido túneles, autopistas urbanas e interurbanas, aeropuertos, embalses, centros de cumplimiento penitenciario, hospitales, edificios para el funcionamiento de instituciones públicas y otras obras de infraestructura de similar envergadura e importancia.

Estado - Privados, asuntos consensuados 
En el modelo de concesiones de Chile, el Estado no está completamente ausente del proceso sino que es el garante de las licitaciones, arbitra conflictos y señala prioridades de inversión de manera centralizada, mediante su Ministerio de Obras Públicas.

Con el modelo de concesión se consolidó la figura de asociaciones público privadas donde el contrato es para la ejecución de infraestructura pública, que se caracteriza por la modalidad de pago del contratista denominado derecho de explotación.

El Ingeniero Francisco Javier Méndez, CEO de Kronox, empresa de aceros especiales para la industria y la minería,  explicó que “el Estado fija las reglas del juego en el proceso de licitación, y una vez adjudicada determina en el contrato, con la empresa elegida, las normas que regirán durante la duración del mismo. Para ello es relevante un Estado y país con una estabilidad jurídica e institucional que le de garantías en el mediano y largo plazo a los oferentes”.

El objetivo es que capitales privados financien la infraestructura deficitaria, la que, al ser considerada económicamente rentable, permitiría recuperar su inversión a través del cobro directo de una tarifa a los usuarios.

Es decir, el uso de las obras públicas, construidas por capital privado, se cobra a los usuarios.

Gutiérrez explicó al Grupo Apolo que se busca que el privado realice aquellas obras que puede ejecutar con mayor eficiencia que el Estado.

“Por ejemplo, en el sector sanitario y eléctrico se privatizaron las empresas que antes eran estatales y funcionan de manera monopólica, pero con precios regulados. En el sector de infraestructura, en el que están las autopistas, los aeropuertos, etc, el sistema es mixto y lo que se hace es pasar la construcción y la operación de una obra por el sector privado para luego de unos años de concesión, ser traspasada al Estado”.

Sin embargo Gutiérrez comentó que si bien las obras son de primer nivel, en muchas de ellas se continúa cobrando peaje o tag a los usuarios.

Por su parte el Ingeniero Francisco Javier Méndez, CEO de Kronox, explicó que “este modelo dual, que incluye obras públicas estatales y financiadas directamente por el Estado, y otra línea que se trata de un modelo de concesiones, en donde empresas privadas participan en licitaciones para financiar, ejecutar y explotar obras públicas por un periodo de años definido, ha sido exitoso durante los últimos 30 años en Chile, y se ha perfeccionado con el tiempo”.

Sin embargo el comunicador independiente Mario Gutiérrez expresó que si bien el Estado puede fiscalizar la ejecución de las obras, se puede notar que hay cierta flexibilidad ante los plazos vencidos o deficiencias en el funcionamiento de las obras.

“Después de 30 años de vigencia, el sistema ha ido generando cierta porosidad en la relación público-privada, así como algunos grados de connivencia del Estado con los privados”.

El Ingeniero Francisco Javier Méndez sostiene que “los usuarios son los mejores fiscalizadores”.

Beneficios y contradicciones de la obra pública a la “Chilena”

Grupo Apolo diálogo con Augusto Scarella, periodista, licenciado en ciencias políticas y socio consultor en Sciat Facere se refirió a la experiencia de vivir en un país con la obra pública que quiere adoptar el presidente electo Javier Milei.

El especialista en análisis prospectivo estratégico comentó a LV16.com que lo primero que se vio fue que los inversores privados, en sus inicios italianos, se centraron en las rutas chilenas, especialmente en Santiago de Chile donde se producían grandes congestionamientos y las calles no habían sido diseñadas para tanta gente y autos.

“Acá había que buscar una solución y la misma fue que los privados invirtieran. Los privados hicieron autopistas internas en Santiago, una maravilla. Después invirtieron en concesiones de cárceles, siendo el Estado el que responde por la seguridad, y el resto del sistema y la construcción depende del privado”.

Los privados al invertir millones piden la concesión al Estado para administrar la obra pública, por ejemplo una carretera por la cual se cobra por kilómetro al usuario por determinada cantidad de años.

“Esto comenzó hace muchos años, estamos en el 2023 y hoy se quieren destruir las concesionarias de las carreteras porque es una brutalidad en dinero lo que te salen las concesiones”.

Agregó que “el chileno de a pie, todos en realidad, no escucho que diga que está pagando por un buen servicio”. Porque nuevamente las carreteras colapsaron por el flujo de vehículos y una persona que recorra por autopista concesionada unos 30 km diarios de su casa al trabajo puede llegar a pagar de mil a dos mil dólares mensuales sumado al permiso de circulación al año, donde te cobran por tu auto, de acuerdo a una tasa de impuesto.

“El permiso de circulación es volátil, nadie sabe para qué sirve. Lo guardan las municipalidades, las corporaciones, el Estado, no tenemos idea”.

Acá hemos visto unas muy buenas obras de infraestructura de ingeniería, pero con unos costos altísimos y en el último tiempo han comenzado a fallar.

“Cuando el presidente electo, Javier Milei les dice a los argentinos acerca del modelo de obra pública chilena, yo diría cuidado porque, si bien te trae un montón de beneficios, si no es bien regulado esto termina siendo en detrimento para el ciudadano normal”.

De acuerdo a lo expresado por Augusto Scarella cuando se firmaron estos contratos se acordó un reajuste anual entonces, hoy en día, se paga 10 veces lo que se pagaba cuando empezó este sistema. “Cuando se inició era todo maravilloso porque era un valor muy bajo y ocupabas toda la infraestructura, pero los costos siguen subiendo y además estas concesiones son por muchos años”.

El periodista comentó que hoy en Chile hay agrupaciones que no quieren más Tag, “los camioneros, los taxistas, quienes viajan todos los días a su oficina, trabajan para pagar el Tag”.

Augusto Scarella planteó que hay que tener cuidado cuando se autoriza a los privados porque estos buscan el beneficio propio y es importante determinar hasta qué punto se puede aumentar, porque actualmente en Chile el gobierno ha debido plantear a las concesionarias esta problemática que genera descontento social y por las cual ya se han hecho varias protestas que incluso generaron grandes congestionamientos en las autopistas.

“El rol del Estado no puede dejarse al libre albedrío de los privados porque lo que ocurre al final es que eso se termina transformando en un negocio y el ciudadano colapsa, porque no alcanza a llegar a fin de mes”.

El analista político planteó que el Ministerio de Obras Públicas en Chile es el encargado de llevar adelante la coordinación e inversión en obras públicas, sobre todo fuera de la región metropolitana, y éste se encarga de aquellas obras que los privados no llevan adelante, como caminos rurales o en el sistema sanitario.

Los proyectos son acotados de acuerdo al presupuesto de la Nación. Lo que tiene que ver con agua potable, cloacas, se lo derivan a los Municipios que conforman sistemas que se llaman corporaciones que realizan estas obras.

Sin embargo en este último tiempo han saltado a la luz muchos casos en los que ese dinero no se utiliza para el fin destinado.

Augusto Scarella, periodista, analista político y consultor planteó que frente a estas problemáticas sería necesario “un gobierno subsidiario, en el que fuera factible llevar adelante proyectos en conjunto con las empresas privadas, pero debería existir una cláusula específica en la que se plantee que no puede llegar a afectar a cierto porcentaje de dinero de una canasta familiar”.

El consultor de Sciat Facere comentó que se observa una fuerte presión social en relación a los tags y las concesiones para que desaparezcan o se rebajen y por otro las empresas se están dando cuenta que la evasión del tag está siendo millonaria.