Juicio al falso médico en Río Cuarto: el 20 de septiembre se conocerá la sentencia

El próximo 20 de septiembre se conocerá el veredicto de la Cámara del Crimen 1 de Río Cuarto en el juicio contra el falso médico del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), que actuó durante la pandemia de Covid-19.

Ignacio Martín llegó a Río Cuarto en agosto de 2020 con el coordinador del COE, Diego Almada, y el viceministro de Salud de la Provincia, Pablo Carbajal. Con personal aportado por el municipio, quedó como jefe del Centro de Operaciones Tácticas (COT) que coordinó la atención telefónica, domiciliaria, derivaciones e internaciones, en el peor momento del brote.

Martín se presentaba, recetaba y firmaba como médico, con tan solo 19 años. Aunque aseguraba tener 24. Atendió hasta guardias en dispensarios municipales. Le pagaron algunos servicios a través de la cuenta de una médica a su cargo. Tenía a disposición una ambulancia y medicamentos. Su matrícula falsa recién fue detectada por el Consejo de Médicos (luego de las elecciones municipales) en diciembre del 2020. Eso salió a la luz en enero.

Este año, en el juicio en su contra, responsabilizó por el engaño a Almada y Carbajal y dijo que las autoridades de Salud del municipio, Marcelo Ferrario e Isaac Pérez Villareal “sabían que estaba flojo de papeles”.

La fiscal de Cámara, María del Rosario Fernández López y el fiscal Pablo Jávega (que hizo la instrucción y colabora en el juicio), pidieron que se lo condene a nueve años de prisión.

Este lunes se escucharon los últimos alegatos del juicio oral. Entre los querellantes particulares, Pablo Abrile, abogado de la familia de un joven “paciente” fallecido, reclamó una pena de 12 años de prisión. “Lo que diga el imputado no se puede tomar enserio porque se hizo pasar por médico, por inspector municipal, por piloto de avión (…) estamos ante un mentiroso profesional”, advirtió.

Para Abrile, hubo homicidio por dolo eventual porque Martín, “a sabiendas de que no era médico” y de que Nicolás Bertol (26) padecía una cardiopatía mitral severa, aceptó el pedido del médico de cabecera (Pérez Villareal) para ir a verlo al domicilio. “Se apoderó del hecho y le quitó la chance de ser atendido por un verdadero profesional”, reprochó.

Con base en el dictamen del forense Martín Subirach (que no vio el cuerpo pero dictaminó en contra del falso médico), sentenció: “En medicina el tiempo es oro y el imputado fue tarde adrede. Demoró al menos una hora y cuarto en asistir, no le practicó RCP, llevó un aparato (DEA) sin batería y se lo colocó mal”.

“La defensa intentará confundirlos con que Bertol igual se iba a morir. Pero no es un sachet de leche con fecha de vencimiento. Era una persona con derecho a tener atención médica. El caso tendría que ser tomado en la facultad como un ejemplo de dolo eventual”, subrayó.

En redes sociales, Patricia Varela, madre de Bertol, expresó: “Quiero que quede en la memoria colectiva que mi hijo falleció sin recibir atención médica debida porque este ser nefato se cruzó en su camino jugando a ser doctor (…)”. “Solo pido justicia y memoria. Los que debían protegernos no lo hicieron y todavía siguen ocupando sus cargos y cobrando sus sueldos de nuestros bolsillos de ciudadanos estafados”, reclamó.

La batalla jurídica gira en torno al “dolo eventual” que se le endilga a Martín por la muerte de pacientes y lesiones cardíacas graves.

Los querellantes insistieron con que el imputado sabía que no era médico, debió representarse las consecuencias de su accionar. Sin embargo decidió seguir adelante con el engaño, presuntamente, sin que le importen los resultados fatales que hubo.

Consideraron probado que Martín, “privó” a los pacientes de recibir una verdadera atención en el momento oportuno. Interpretaron que Martín se movió “con un despliegue de inteligencia delictiva” y aprovechó el contexto. “Sabía que nadie iba a cuestionarlo si decía: no me puedo ir a Córdoba a buscar el título porque se me muere gente”, apuntó el abogado del municipio, Jorge Valverde.

Sostuvo que la familia de Bertol habría incurrido en mentiras porque en el juicio, negó la presentación de una demanda civil, que fue adjuntada a la causa, y es por 64 millones de pesos (contra Martín y la Provincia). Remarcó que el médico del servicio de emergencia de apellido Turco, que constató el deceso, dejó sentado que a las 11.20 el cuerpo de Bertol ya estaba frío.

Fuente: La Voz