Diputados: el oficialismo consiguió dictamen para avanzar con la nueva Ley de Soberanía Nacional

El despacho se firmó durante una reunión plenaria de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, encabezadas por los diputados oficialistas Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.

Uno de los principales cambios incorporados por el oficialismo apunta a modificar el alcance de las sanciones para las empresas vinculadas con actividades en las Islas Malvinas. La nueva redacción busca concentrar las penalidades en aquellas compañías que tengan una participación directa y relevante en los proyectos cuestionados, en lugar de extenderlas automáticamente a sus filiales con una intervención menor. El criterio se alinea con una propuesta impulsada por Estados Unidos.

Entre los casos alcanzados por la iniciativa se encuentra el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y vinculado a las firmas Rockhopper, de origen británico, y Navitas, de capitales israelíes. Además, se estableció que, cuando no sea posible determinar el monto de la sanción económica, la multa podrá calcularse en una cantidad equivalente a entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo, duplicando el rango previsto originalmente.

El proyecto también introduce modificaciones en la estructura del Consejo de Seguridad. Entre ellas, contempla la incorporación del Ministerio de Seguridad al organismo, que actualmente reúne al Presidente de la Nación, al canciller, a los ministros de Defensa y Economía, al titular de la SIDE y al secretario Legal y Técnico.

A su vez, se prevé la participación de autoridades legislativas y provinciales, como el titular de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado y los gobernadores, en carácter de integrantes no permanentes ante situaciones críticas.

Otro de los puntos incorporados fue la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, integrada por ocho legisladores. El organismo tendrá a su cargo el seguimiento de la aplicación de la normativa.

Durante el debate también se modificó el artículo que contemplaba penas de entre cinco y doce años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, interfirieran en procesos electorales o manipularan la opinión pública. Con los cambios introducidos, quedaron expresamente excluidas de esas sanciones actividades vinculadas con el ejercicio del periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.

El dictamen de mayoría reunió 60 firmas y contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y representantes de Provincias Unidas. Algunos legisladores acompañaron el despacho con disidencias parciales, entre ellos Pablo Farías, de Santa Fe, y los misioneros Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad.

Por su parte, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría que obtuvo 38 firmas.

También se presentaron despachos alternativos. Uno fue impulsado por Esteban Paulón junto con los diputados cordobeses Carlos Gutiérrez y Juan Brügge, mientras que la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman presentó una propuesta propia.