Prohibieron las gomeras y los rifles de aire comprimido en Armstrong: multas de hasta $3 millones por maltrato animal

Una problemática vinculada al vandalismo y al cuidado de la fauna en la región encontró un límite institucional drástico. El Concejo Municipal de Armstrong aprobó una ordenanza que prohíbe de forma estricta el uso de gomeras, rifles y pistolas de aire comprimido, armas de gas o CO₂ y cualquier otro medio apto para lanzar balines, piedras, bolillas o municiones dentro de la urbanización.

La medida busca proteger la integridad de las especies locales y la infraestructura pública, respondiendo a un reclamo comunitario que había puesto la problemática sobre la mesa tras reiterados episodios de agresiones.

El debate del proyecto, que permanecía archivado desde su presentación original hace dos años, se reactivó de manera urgente a raíz de la difusión de un video en redes sociales. En las imágenes se observaba a tres menores de edad matando a una lechuza, un hecho de maltrato animal que generó un fuerte repudio social y aceleró el tratamiento de la norma por parte de los ediles.

Según señalaron los residentes de la localidad, los mismos menores implicados en el video ya habían sido vistos en ocasiones anteriores dañando luminarias del alumbrado público y agrediendo a otros animales en distintos sectores. Esta acumulación de hechos vandálicos terminó por visibilizar la situación ante las autoridades locales.

La concejala Luz Marina Fischer, impulsora de la iniciativa, explicó que la propuesta no había encontrado eco en el pasado dentro del recinto legislativo hasta que la reciente condena social impulsó de manera definitiva su tratamiento y posterior aprobación.

La nueva legislación establece pautas rígidas para la circulación de estos elementos. A partir de la entrada en vigencia de la ordenanza, solo se permitirá el traslado de gomeras o rifles de aire comprimido dentro de la ciudad si los mismos se encuentran descargados, en un envoltorio cerrado y con un dispositivo de seguridad que impida su uso inmediato.

En caso de detectarse una infracción a estas restricciones, el área de Orden Público Municipal procederá al secuestro del dispositivo, el cual quedará a disposición del Juzgado Municipal de Faltas. Las multas estipuladas en la normativa son severas y pueden alcanzar un tope de hasta $3 millones, dependiendo de la gravedad de la falta cometida.