Denuncia ética de consumidores a jueces por fallos sobre las Fiat Toro

La presentación apunta contra los jueces Florencia Bellucci, Jorge Eduardo Arrambide y Julio Zeferino Sánchez, a quienes se cuestiona por presuntas contradicciones en fallos emitidos durante los últimos meses sobre reclamos de usuarios de esos vehículos.

En una entrevista a Radio Villa María, la letrada explicó que las causas judiciales llevan entre cinco y ocho años de trámite y que ya atravesaron distintas instancias, incluyendo intervenciones del Tribunal Superior de Justicia.

Di Giusto sostuvo que en febrero de este año la Cámara había dictado una sentencia favorable a los consumidores en la causa “Manzano”, donde concluyó que las Fiat Toro MT6 comercializadas entre 2016 y 2018 eran “impropias para el uso urbano” y que existió publicidad engañosa y violación del deber de información por parte de la automotriz.

Sin embargo, señaló que en marzo, en otra causa similar, el mismo tribunal modificó parcialmente su criterio al considerar que el vehículo podía resultar “dificultoso” para el uso urbano, aunque mantuvo la condena a Fiat por falta de información.

Según detalló la abogada, el cambio más significativo llegó en abril, cuando la Cámara rechazó otra demanda y entendió que no existió publicidad engañosa ni incumplimiento en el deber de información, utilizando, según cuestionó, los mismos elementos probatorios analizados en expedientes anteriores.

“Lo que genera preocupación es que haya sentencias contradictorias entre sí, sin una fundamentación clara que explique el cambio de criterio”, expresó Di Giusto durante la entrevista radial.

La representante legal de los consumidores afirmó que unas 120 personas impulsaron la denuncia ética al considerar que las resoluciones judiciales generan “dudas razonables” sobre la imparcialidad del tribunal.

Además, recordó que existen fallos favorables a consumidores en otras provincias del país y remarcó que los reclamos continúan escalando judicialmente, por lo que varios expedientes podrían volver al Tribunal Superior de Justicia.

Di Giusto también cuestionó la revocación de medidas cautelares que habían permitido la entrega de vehículos sustitutos a algunos damnificados mientras avanzaban las demandas judiciales.

“La gente está muy desprotegida y desesperada. No se trata solamente de un conflicto comercial, sino de personas que hace años conviven con vehículos que consideran peligrosos y sobre los cuales aún esperan una respuesta definitiva”, concluyó.