Financiamiento universitario: advierten que el Gobierno deberá pagar con intereses si incumple la ley

La disputa por los fondos destinados a las casas de altos estudios en todo el país se encuentra en un punto de máxima tensión legal. Tras las idas y vueltas judiciales entre el Gobierno Nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la resolución del conflicto ha quedado bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En este contexto, el abogado Lucas Bianco analizó la situación técnica y advirtió sobre las posibles consecuencias económicas para el Estado. "El Gobierno no está incumpliendo la ley al día de hoy porque está acatando una sentencia judicial", aclaró el letrado, haciendo referencia a la última decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que mantuvo suspendida la aplicación de la ley.

Sin embargo, Lucas Bianco fue tajante respecto al futuro: "Si la Corte dice que este Gobierno debería haber cumplido desde el día uno, no solo va a tener que reintegrar todos los fondos que no ha traspasado, sino que con intereses por la actualización por inflación e incluso correspondería un eventual daño y perjuicio".

Un sistema al límite

La preocupación por el funcionamiento diario de las instituciones educativas es uno de los ejes centrales del debate. El especialista cuestionó la sostenibilidad de las universidades que, según sus estimaciones, han operado con una quita sustancial de recursos.

"No llegaba a entender cómo podía funcionar con un 50% de presupuesto menos. Los docentes pueden ir a trabajar sin cobrar, como lo han hecho toda la vida, pero hay que limpiar los inodoros, hay que comprar papel higiénico, hay que prender la calefacción", graficó el abogado. Para él, la continuidad de las clases no valida la postura oficial, sino que es una muestra del "compromiso docente" y del "profundo amor por la universidad pública".

La división de poderes en juego

Sobre los argumentos del Ejecutivo para mantener el desfinanciamiento —entre ellos, supuestos hechos de corrupción—, el abogado cordobés consideró que no son válidos para frenar la normativa vigente.

"No puede decir 'corto el financiamiento porque hay corrupción'. Si hay corrupción, tiene que investigar la justicia penal y encarcelar a los responsables, pero no puedo desfinanciar bajo el argumento de un hecho de corrupción", sostuvo Lucas Bianco.

Además, destacó que la ley fue aprobada en dos oportunidades por el Congreso, lo que le otorga una legitimidad que el Poder Ejecutivo debería respetar. "Moralmente el Gobierno no está respetando la voluntad del pueblo y hay un conflicto en la división de poderes. La ley se tiene que respetar, no importa si hay corrupción o si no hay plata", añadió.

La especificidad de la ley

Frente a las versiones que indican que la Ley de Presupuesto General prima sobre la Ley de Financiamiento Universitario, el especialista desestimó esa interpretación jurídica.

"En caso de leyes en conflicto rige la más especial. La ley de presupuesto es una ley general; la de financiamiento universitario es específica, toca temas presupuestarios y, por lo tanto, se aplica la específica en vez de la genérica", explicó.

Según el profesional, la Corte Suprema suele entender la importancia institucional de la universidad para la sociedad argentina y podría resolver la cuestión en un plazo menor al de otras causas.

DE UNA