En el cierre de la etapa testimonial del Jury de Enjuiciamiento, el actual fiscal a cargo de la causa Dalmasso, Pablo Jávega, defendió la legalidad de sus actuaciones y tomó distancia de los cuestionamientos realizados por los abogados defensores de los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro.
Tras finalizar la jornada con los testimonios del Jury Enjuiciamiento en la Legislatura de Córdoba, se destacó que uno de los puntos más debatidos durante el proceso fue la validez del cotejo de ADN realizado a decenas de personas sin la presencia de abogados defensores. Ante esto, el fiscal a cargo de la causa Pablo Jávega, aclaró que se trata de una distinción técnica fundamental.
Explicó que la ley y la Constitución exigen asistencia legal cuando existe una "sospecha consolidada". En la etapa de mapeo, los convocados no estaban bajo esa condición.
En esa línea, recordó que este no fue el primer cotejo masivo. Anteriormente, se realizaron estudios de "despeje" para descartar a personas que pudieron contaminar la escena, y en esos casos tampoco se requirieron defensores, criterio que no fue cuestionado en su momento.
"Mientras se estaba haciendo el mapeo, nunca se acercó nadie a decirme que esto era nulo o irregular", señaló el fiscal, remarcando que el trabajo de la Unidad Fiscal fue siempre público y conocido por la prensa.
Jávega también se refirió a la situación judicial de la causa principal, que actualmente atraviesa una disputa técnica sobre si la acción penal ha prescrito o no.
"Uno desea que se sostenga la vigencia de la acción, se revierta el fallo de la Cámara de Acusación y se pueda llevar a un procedimiento habitual", expresó, en referencia al deseo de que la investigación contra el nuevo sospechoso pueda avanzar hacia un juicio.
Sobre las críticas de los abogados de los fiscales acusados, quienes tildaron su procedimiento como una "expedición de pesca", Jávega atribuyó estos cuestionamientos a un "ejercicio defensivo" lógico dentro del proceso, aunque aseguró que las críticas "no son de recibo".
"Respeto a ultranza el derecho de que cualquier persona pueda defenderse, aun cuando no comparta el argumento", concluyó el fiscal, defendiendo la labor que, después de casi dos décadas, logró aportar un elemento objetivo de peso al expediente.