Fiat Toro: nueve años de conflicto judicial y sin resolución definitiva

El conflicto judicial por los presuntos defectos de funcionamiento de las camionetas Fiat Toro, fabricadas entre 2016 y 2018, continúa sin una resolución definitiva en Córdoba. Así lo señaló el abogado Rodolfo de Ferrari Rueda, quien representa a alrededor de 300 consumidores damnificados y brindó detalles sobre el estado de las causas durante una entrevista con Radio Villa María.

Según explicó el letrado, el reclamo lleva casi nueve años de litigio y tiene como eje los inconvenientes relacionados con el filtro de partículas diésel (DPF), un dispositivo destinado a reducir las emisiones contaminantes y cuyo funcionamiento, de acuerdo con los planteos de los propietarios, habría generado problemas en las unidades.

De Ferrari Rueda sostuvo que los consumidores que conservaron el sistema original y acudieron a la Justicia para reclamar una solución quedaron atrapados en un prolongado proceso judicial. En ese sentido, describió la situación como una "cárcel judicial", debido a que muchos propietarios no pueden utilizar sus vehículos con normalidad ni venderlos sin poner en riesgo sus reclamos.

Uno de los principales cuestionamientos del abogado está dirigido a la falta de una sentencia firme de segunda instancia que permita cerrar el conflicto en la provincia. 

De acuerdo con su explicación, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ya intervino en dos oportunidades en distintas etapas de las causas. En una primera instancia revocó una medida cautelar que contemplaba el cambio de vehículos por considerar que las camionetas representaban un riesgo. Posteriormente, anuló sentencias de la Cámara Sexta al considerar insuficientes los montos indemnizatorios y remitió nuevamente los expedientes para que fueran tratados por otra Cámara.

Actualmente, las causas volvieron a tener pronunciamientos favorables a los consumidores, aunque el abogado cuestionó que las indemnizaciones establecidas continúan siendo, a su criterio, irrisorias y presentan diferencias entre casos que considera sustancialmente similares.

Por ese motivo, anticipó que buscarán llegar nuevamente al máximo tribunal provincial para que, por tercera vez, tenga la posibilidad de expedirse sobre el fondo de la cuestión y establezca un criterio que permita resolver el conjunto de los reclamos.

Durante la entrevista, estimó que podrían llegar al Tribunal Superior antes de finalizar el año y manifestó su expectativa de que exista un pronunciamiento definitivo entre abril y mayo del próximo año.

El representante de los damnificados remarcó que la situación de los propietarios es cada vez más complicada. Según indicó, algunos vehículos se encuentran fuera de funcionamiento, otros permanecen parados y existen dificultades incluso para entregarlos como parte de pago o comercializarlos en concesionarias oficiales.

También señaló que una medida cautelar que permitía la sustitución de los vehículos mientras se desarrollaban los juicios fue revocada, por lo que los afectados dejaron de contar con esa alternativa. "Hay gente que tiene los autos fundidos, los tiene parados", explicó el abogado, quien reconoció que sus clientes atraviesan una situación de desesperación económica y emocional después de tantos años de espera.

En ese contexto, cuestionó que quienes acudieron a la Justicia para obtener una respuesta terminaran perjudicados por la extensión de los procesos.

Otro de los aspectos destacados por De Ferrari Rueda fue la aplicación del principio protectorio del derecho del consumidor, que establece que, ante una situación de duda, debe prevalecer la interpretación más favorable para el usuario.

El abogado sostuvo que, en las 14 sentencias que mencionó durante la entrevista, no encontró una aplicación de ese principio en favor de los consumidores.

Asimismo, consideró que la prolongación de los expedientes genera entre los damnificados una percepción de desigualdad frente al poder económico de una compañía multinacional como Stellantis, grupo al que pertenece Fiat.

En relación con este punto, aclaró que no estaba atribuyendo directamente una intervención política o una conducta irregular a la Justicia, aunque reconoció que la falta de respuestas y las sucesivas demoras alimentan las sospechas de los usuarios sobre un posible trato desigual entre las partes.

Durante la entrevista, el abogado volvió a explicar que una parte de los propietarios decidió retirar el filtro de partículas de sus camionetas para evitar los inconvenientes de funcionamiento.

Según señaló, esa decisión habría contribuido a que muchos vehículos no ingresaran en el circuito de reclamos judiciales, aunque advirtió sobre las consecuencias ambientales de circular sin ese dispositivo.

También recordó que Fiat había reconocido inconvenientes vinculados con esta gama de vehículos y que, según su exposición, la compañía dejó de importar las unidades desde Brasil luego de advertir sobre los problemas que afectaban a los modelos comercializados en Argentina.

De Ferrari Rueda recordó que, durante los primeros años del conflicto, los propietarios realizaron distintas manifestaciones frente a la Casa de Gobierno, Tribunales y otros espacios públicos de Córdoba para visibilizar su situación. Sin embargo, consideró que el paso del tiempo y la falta de respuestas fueron generando un desgaste anímico, psicológico y económico entre los damnificados.

Finalmente, pidió que los medios de comunicación continúen difundiendo el caso para evitar que pierda visibilidad y reclamó una respuesta concreta del máximo órgano judicial de Córdoba.