Córdoba: nueve acusados por captar a mujeres para que "alquilen" sus vientres

El Juzgado Federal N° 2 de Córdoba citó a declaración indagatoria a nueve personas acusadas de captar a mujeres en situación de vulnerabilidad para oficiar de vientres subrogantes en procesos de fertilización asistida para terceros. 

La medida fue ordenada luego de un pedido realizado por los fiscales Enrique Senestrari y Carlos Gonella, con el apoyo de la fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano, por al menos catorce hechos ocurridos en dos clínicas de salud reproductiva. 

El Ministerio Público Fiscal también había solicitado que se dictase la prisión preventiva de los principales acusados, una medida que fue denegada por el juez Alejandro Sánchez Freytes, y apelada por la fiscalía interviniente.

Las medidas contemplan a los titulares y allegados de los dos centros de salud, donde las prácticas se desarrollaron de manera similar.

Los acusados habrían captado con fines de explotación a un número aún no determinado de mujeres en situación de vulnerabilidad para ofrecerlas como gestantes en la técnica de fertilización asistida denominada gestación por subrogación, a cambio de una suma de dinero aún no determinada.

De acuerdo con la investigación, los centros de salud estaban en contacto con las víctimas a través de sus “donaciones de óvulos” -práctica que en muchos casos consistió en la primera vía de captación-, o por haber sido captadas por otros imputados; en muchos casos, tomando ventaja de su situación de vulnerabilidad.

La fiscalía detalló que los médicos directores de estos establecimientos habrían ofrecido las mujeres víctimas a los padres intencionales que se habrían acercado a la clínica para consultar y, posteriormente realizar, la gestación por subrogación. 

Luego, abogados cercanos a estas clínicas habrían tomado participación en la maniobra, gestionando la órbita judicial del tema, especialmente en el ocultamiento de la verdadera situación de las víctimas, su relación con los comitentes y el aspecto económico del acuerdo que presentarían ante los jueces para facilitar su homologación y autorización del procedimiento.

Una vez realizado el supuesto acuerdo para la gestación, los imputados habrían contado con la colaboración de especialistas en psicología quienes, ocultando las condiciones y la vulnerabilidad de las víctimas, certificaban su aptitud psicológica para tal procedimiento. 

Por último, la maniobra se completaba con la intervención de abogados que presentaban en el fuero provincial de la ciudad de Córdoba un supuesto acuerdo de homologación a través del cual relataban una situación de amistad entre las partes, que en los hechos era inexistente, así como describían un supuesto fin altruista y filantrópico como único móvil de la mujer gestante en cuestión. 

El requerimiento de instrucción presentado por el Ministerio Público Fiscal contempla la existencia de catorce casos entre las dos clínicas, e incluye también denuncias de hostigamiento por parte de los acusados hacia mujeres que, tras presentar dudas, decidieron no ser parte de estas maniobras. 

Para los fiscales, los hechos denunciados encuadran en la figura de trata con fines de explotación, agravado por mediar engaño, fraude, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento, que las víctimas estuvieran embarazadas y sean más de tres, y en la comisión del delito participaren tres o más personas.

De acuerdo al requerimiento de instrucción, “aun cuando la actividad desplegada por las personas imputadas haya sido presentada ante las autoridades judiciales como casos no regulados por ley, habrían desplegado con habitualidad un negocio criminal dedicado a la captación de mujeres, muchas de ellas vulnerables y en condiciones de pobreza, con la finalidad de ser sometidas a una explotación equiparable a la reducción a la servidumbre mediante la práctica de gestación por sustitución, a cambio de una contraprestación económica y en algunos casos poniendo en riesgo su salud e incluso abandonando a las víctimas una vez nacido el niño/a, todo ello con el propósito de que las personas implicadas en el negocio -responsables de clínicas, abogados, entre otros- obtengan cuantiosas ganancias económicas”.

Los fiscales marcaron que esta hipótesis acusatoria concursa a su vez con la comisión de delitos contra la fe pública por hacer insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas, lo que se materializa en los supuestos acuerdos entre la persona gestante y los comitentes presentados por los abogados para su homologación judicial, sin perjuicio de otras hipótesis penales relevantes que pudieran surgir con el devenir de la investigación.

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, estos lineamientos están presentes en varios fallos de la justicia de familia de la provincia de Córdoba relativos a los casos de gestación por sustitución y “al abordarlos, los y las jueces detectaron situaciones de vulnerabilidad de la persona gestante, riesgos para su salud, falta de comprensión respecto de las implicancias del procedimiento, ocultamiento de información a la magistratura en los supuestos acuerdos presentados para su homologación, y dudas respecto de la libertad con la que la persona gestante habría decidido realizar la práctica de subrogación de vientre”.  

La Justicia solicitó que se convoque a declaración indagatoria a los nueve imputados y que se ordene la inmediata detención de los máximos responsables, e incluso de los que habrían generado conductas de hostigamiento hacia mujeres que habrían decidido desistir de los procedimientos de fertilidad cuestionados.