Nueva Ley Bases: el oficialismo consiguió dictamen y se debatirá la semana que viene

El oficialismo logró este jueves emitir dictamen de mayoría al proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el megadecreto que presentó el gobierno del presidente Javier Milei para avanzar en modificaciones que implican desde privatizaciones a en áreas económicas, financieras, laborales y sociales 

Pasadas las 15.30, La Libertad Avanza había cosechado 61 firmas, entre los diputados de La Libertad Avanza, el PRO y un sector mayoritario de la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF).

Ahora los cañones apuntan a lograr la media sanción en la sesión programada para el lunes 29 y martes 30 de abril.

En el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda presentaron dictámenes de rechazo.

Dentro de HCF los cinco diputados de la Coalición Cívica firmaron su propio dictamen de minoría, al igual que los dos socialistas santafesinos (Mónica Fein y Esteban Paulón) y Margarita Stolbizer.

A continuación los principales puntos de la ley conocida en principio como "Ley Ómnibus":
Emergencia: el oficialismo propone dictar la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.

-Reforma Laboral: si bien esta versión en menos ambiciosa que la anterior, incluye cuestiones vinculadas al blanqueo y moratoria para aquellas empresas que regularicen la situación laboral de sus trabajadores. A su vez, promueve extinciones penales, condonación de deuda y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.

-Privatizaciones: ya no son 40 las empresas a privatizar, sino muchísimas menos. Sin embargo, continúan en el pelotón: Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina SA (Enarsa), Radio y Televisión Argentina e Intercargo. Además, quedan sujetas a privatización y concesión AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos (Sofse).

A este lista se podrían plegar otras que su privatización sería parcial: Nucleoeléctrica Argentina SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
-Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes: el paquete fiscal, que el Gobierno había decido retirar de la ley Bases original, ahora se llama "Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes".

El punto más relevante de este proyecto marcha por la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. De aprobarse esta ley, el mínimo no imponible será de $1.800.000 para los solteros, mientras que para los casados con hijos será de 2.200.000 pesos.

El Gobierno quitó al Banco Nación de la lista de empresas a privatizar
A último momento, a raíz de diferencias con sectores de la oposición, el Gobierno cedió y quitó al Banco Nación y sus empresas subsidiarias de la lista de empresas sujetas a privatización del dictamen de la ley de Bases.

La noticia se conoció mientras en el anexo C de la Cámara de Diputados se desarrollaba el plenario de comisiones al cabo del cual los bloques se disponían a firmar los dictámenes.

Algunos sectores de la UCR y de Hacemos Coalición Federal no estaban de acuerdo con autorizar la privatización parcial del Banco Nación. Al no tener los votos garantizados, para evitar una derrota en el recinto, el Poder Ejecutivo cortó por lo sano y decidió remover a ese organismo de la lista.

Además del Banco Nación, quedaron afuera  Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursatil, Pellegrini SA.
El artículo 9 del último borrador declara empresas sujetas a privatización parcial únicamente a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT). 

En otro orden, el Poder Ejecutivo también dispuso quitar el articulado el capítulo sobre Defensa de la Competencia, que buscaba reemplazar la Autoridad Nacional de la Competencia por dos estructuras nuevas a crear como la Agencia de Mercados y Competencia y el Tribunal de Defensa de la Competencia.

En medio de la polémica por supuestos acciones de cartelización de empresas prepagas, el Gobierno prefirió no innovar ni quitarle poder de fuego al área de Defensa de la Competencia.