Es por la suba del impuesto al 15% para todos los productos exportables que actualmente pagan una alícuota inferior.
A pocos días de la asunción de Javier Milei se produjo el primer cortocircuito entre el Gobierno y el campo. Es por la suba de retenciones al 15% para todos los productos exportables que actualmente pagan una alícuota inferior.
Pese a que fue una de las iniciativas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, tres fuentes del sector agropecuario consultadas por Ámbito aseguran que el Ejecutivo no tiene facultades para realizar ese incremento por decreto. Las economías regionales, en alerta.
En el campo todos tienen la calculadora en mano. Las nuevas medidas están abiertas todavía a múltiples consideraciones. Por un lado, está claro que con el dólar oficial a $800, más el “blend” que permite liquidar un 20% de las ventas en el segmento contado con liquidación, se gana competitividad. Por el otro, el dólar importador, que con la suba del impuesto PAIS alcanzará los $940, traerá un incremento generalizado en el costo de los insumos.
A partir de allí se abren dos universos. El de los que no tendrán ningún incremento de retenciones, como la soja, y el de las economías regionales, que de acuerdo a lo anunciado por Caputo, podrían sufrir subas del 15%. Ahí es donde surge un primer cortocircuito, tres fuentes del sector consultadas por este medio aseguraron que el Gobierno no tiene facultades para subir los derechos de exportación por decreto.
Economías regionales Desde distintas entidades anticiparon además que en las próximas horas harán público su descontento con la medida. Explican que “aplicar un 15% lineal es un retroceso enorme para la matriz productiva porque se carga con la misma alícuota a quienes agregan valor en origen”.
Argumentan que esto desincentiva la inversión, la creación de puestos de trabajo y el desarrollo del interior productivo. “Hoy tenés la devaluación, pero esa competitividad se puede licuar con inflación. Las retenciones te las ponen y no sabés cuando te las sacan”, completó un referente de la agroindustria.
En caso de confirmarse el decreto, en el sector advierten que “la comisión bicameral podría voltear el decreto en quince días”. Ya hay conversaciones entre empresas y el Gobierno. Las economías regionales están en alerta. Serían las más perjudicadas, junto con la industria, que aún no se manifestó.
En el Congreso, los legisladores mandaron a sus equipos a estudiar el asunto. En principio creen que efectivamente las facultades delegadas a fines de 2019 con la ley de emergencia económica cayeron con el último presupuesto. Pero también está el antecedente de hace algunos meses, cuando Sergio Massa eliminó los derechos de exportación para varios productos sin pasar por el parlamento.