Diputados aprobó una nueva Ley de Discapacidad: qué cambia y qué cedió el Gobierno

La Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley de Discapacidad después de una extensa negociación entre el Gobierno, los bloques aliados y la oposición.

El proyecto consiguió 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, una mayoría de dos tercios que permitió destrabar una discusión que llevaba casi dos meses.

El acuerdo establece una nueva normativa para reemplazar la Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia termina a fin de año.

El texto mantiene buena parte del sistema actual y fija garantías para las pensiones no contributivas, el acceso a las prestaciones y su financiamiento.

La aprobación fue posible después de que La Libertad Avanza aceptara los cambios reclamados por distintos sectores opositores. Entre las principales concesiones, el oficialismo dejó de lado los recortes que había incluido en el proyecto de Presupuesto 2027 y accedió a preservar mecanismos centrales del régimen vigente.

Qué cambia respecto del sistema de discapacidad

Uno de los principales puntos del acuerdo es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad. El texto consensuado ratifica un beneficio equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y mantiene al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso.

También conserva dos herramientas centrales para financiar las prestaciones: el nomenclador universal y el arancel unificado. De esta manera, se mantiene un esquema común de valores para las prestaciones básicas, en lugar de permitir que cada obra social, empresa de medicina prepaga o provincia establezca sus propios aranceles sin una actualización automática.

El proyecto contempla, además, la actualización de las pensiones por inflación. El objetivo es que los ingresos de los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo en relación con el año anterior.

Otro de los puntos que se mantuvo es la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal, una condición que había sido cuestionada en la propuesta presupuestaria del Gobierno.

Con la nueva redacción, las personas que cuentan con CUD podrán conservar el beneficio si tienen un trabajo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.