Amnistía Internacional reclama el uso de tecnologías de vigilancia estatal en Argentina

Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, advirtió esta mañana en DE UNA sobre el uso de herramientas tecnológicas para vigilar, discriminar y controlar a la ciudadanía, en el marco de un contexto que calificó como de "creciente autoritarismo".

Una infraestructura concentrada y sin debate

La referente institucional sostuvo que gran parte de esta infraestructura tecnológica está concentrada en pocas empresas y avanza con "poca transparencia y controles insuficientes". En ese sentido, explicó que la organización lanzó el informe Estado de Vigilancia para documentar la manera en que el Ejecutivo nacional introdujo reformas institucionales, operativas y de infraestructura mediante resoluciones y decretos, obviando el debate parlamentario.

Adquisiciones millonarias en plena restricción de gastos

Durante el periodo comprendido entre 2024 y 2025, el Gobierno nacional adquirió equipamiento por un valor de al menos 1,2 millones de dólares estadounidenses, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinó unos 48 millones de dólares a estos fines.

La inversión oficial se concretó a pesar de las políticas de restricción del gasto público y del recorte del 41% aplicado en diversas áreas durante 2025. Entre los dispositivos incorporados figuran software de seguimiento de redes sociales, tecnologías de reconocimiento facial, drones, cámaras e infraestructura de vigilancia destinada a conformar una arquitectura de control masivo.

Impacto en los derechos fundamentales

García Rey afirmó que la ampliación en el uso de estas herramientas tecnológicas sirvió para incrementar la capacidad de vigilancia, el establecimiento de perfiles y las represalias contra periodistas, activistas, manifestantes, jóvenes y comunidades migrantes. "Cuando el poder no quiere rendir cuentas, ataca a quienes hacen preguntas y utiliza cualquier medio, entre estos este tipo de tecnologías, para vigilar, controlar y reprimir", expresó la directora adjunta.

Las medidas adoptadas por el Estado afectaron de manera directa derechos esenciales como la privacidad, la libertad de expresión, la reunión pacífica y la libre asociación.

Reclamos regulatorios y prohibiciones

Ante este escenario, Amnistía Internacional solicitó a las autoridades locales que prohíban el desarrollo, la producción, la venta y el uso de tecnologías de reconocimiento biométrico remoto para la vigilancia discriminatoria, tanto masiva como específica.

Asimismo, la entidad reclamó la adopción urgente de medidas regulatorias con un efecto concreto sobre la adquisición, importación y exportación de herramientas orientadas al control estatal.