Caso Rodrigo Santi: la Fiscalía pidió la elevación a juicio con cambios en la caratula

El Ministerio Público Fiscal consideró que la etapa de instrucción se encuentra completamente agotada y formalizó el pedido para que las acusaciones sean dirimidas en el banquillo de los acusados. La resolución generó un fuerte impacto en todo el departamento General San Martín, dado el perfil institucional que ostentaba el imputado en la localidad al momento de registrarse las denuncias en su contra.

El requerimiento dictado por la fiscalía determina que existen fundamentos de peso para que el implicado afronte un juicio ordinario, tras haber permanecido bajo prisión preventiva durante casi dos años.

De acuerdo con el dictamen acusatorio de la fiscal Juliana Companys, el exefectivo del cuerpo de rescate deberá responder ante un tribunal por tres hechos de abuso sexual simple, corrupción de menores, tenencia de pornografía infantil y abuso sexual gravemente ultrajante.

La estrategia procesal del detenido sufrió modificaciones severas a lo largo de los 20 meses de encierro. En los albores de la causa, Santi llegó a admitir la existencia de las conductas denunciadas, una postura que perfilaba la resolución del conflicto mediante la vía de un juicio abreviado. Sin embargo, tras modificar el esquema de su defensa técnica, el imputado se desandó de aquella confesión inicial, forzando la continuidad de la investigación por los carriles ordinarios de la Justicia cordobesa.


A pesar de que el pedido de elevación a juicio representa un paso sustancial para el avance del expediente, los familiares de las víctimas directas manifestaron reparos y desacuerdos con respecto a una modificación jurídica introducida en el tramo final de la pesquisa. El reproche se focaliza en la recalificación legal de uno de los episodios de mayor gravedad denunciados por los damnificados.

La instrucción penal contemplaba originalmente un presunto abuso sexual con acceso carnal, figura que en el requerimiento definitivo terminó encuadrada bajo la tipificación de abuso sexual gravemente ultrajante. El abogado querellante José Tomás Corigliano detalló que se encuentra analizando la presentación de una apelación formal contra la citación a juicio de la fiscalía, al considerar que la modificación técnica disminuye la escala penal del imputado. En caso de que el planteo de la querella no prospere y se mantenga el criterio fiscal, Santi podría enfrentar una pena que oscila entre los 5 años y cuatro meses y los 13 años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo.

El derrotero judicial comenzó a sustanciarse a partir del relato que una de las víctimas le brindó a su madre, testimonio que motorizó la primera presentación judicial y que posteriormente destapó nuevas declaraciones en la sede tribunalicia. El trámite de la causa sumó tensiones institucionales en diciembre de 2025, cuando la Justicia le otorgó a Santi el beneficio del arresto domiciliario.

La medida restrictiva menos gravosa fue revocada por las autoridades judiciales a los pocos días de su implementación. Las fuerzas de seguridad constataron que el imputado violó los compromisos asumidos para mantener la permanencia en su vivienda, detectándose en el inmueble de detención la presencia de un teléfono celular y un módem de conexión a internet de uso prohibido. A este suceso se acopló la polémica designación de un nuevo abogado defensor que registraba un paso laboral previo dentro de la misma fiscalía encargada de coordinar la investigación.

Con la requisitoria de la Fiscalía de Instrucción ya presentada de forma digital en el sistema judicial, el destino de la causa se encuentra bajo el análisis técnico del Juzgado de Control de Villa María, tribunal a cargo de la magistrada María Soledad Dottori.

Dicha dependencia judicial tendrá la responsabilidad de evaluar las presentaciones de las partes, resolver los recursos de oposición que pueda deducir la defensa o la querella y dictaminar finalmente si el expediente cuenta con la solidez procesal requerida para la apertura del debate oral. Hasta tanto se diriman estas instancias de revisión, Rodrigo Santi continuará alojado en el establecimiento penitenciario regional.