Caso Piedecasas: El giro legal que busca desvincular a Ponzanessi del asesinato

El caso, que conmocionó a Villa María el 12 de abril de 2025, entra en una fase crítica en la fiscalía de Juliana Companys, donde se debate si hubo un plan criminal o una deuda que terminó de la peor manera.

El punto central del descargo de Maccari Gaido es la ubicación física y la intención de Ponzanessi al momento de los disparos:

El tirador: La defensa señala directamente a Leandro Iván Montiveros como el único ejecutor.

La coartada: Aseguran que Ponzanessi permaneció dentro del vehículo mientras Montiveros descendía para —supuestamente— cobrar una deuda económica.

Prueba clave: El abogado afirma que existen registros fílmicos que respaldan que su cliente nunca abandonó el auto durante el ataque.

Factor sorpresa: Según el relato, Ponzanessi desconocía que su acompañante portaba un arma y avanzó unos metros con el coche por el shock tras escuchar las detonaciones.

La fiscalía imputó a Ponzanessi por Homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria (sicariato) y por alevosía. Sin embargo, la defensa intenta derribar estos agravantes con los siguientes argumentos:

Falta de evidencia financiera: Maccari Gaido sostiene que tras pericias bancarias y análisis de movimientos de dinero, no hay rastro de pagos o pactos económicos entre los acusados para matar a Piedecasas.

Móvil de deuda: Insisten en que el viaje a Villa María fue estrictamente para reclamar un dinero que la víctima le debía a Ponzanessi, no para un "ajuste de cuentas" premeditado.

Inexistencia de alevosía: Argumentan que este agravante solo podría aplicarse a quien disparó, ya que Ponzanessi no habría participado en la ejecución ni en la preparación del estado de indefensión de la víctima.

El objetivo final de la defensa es que la responsabilidad penal de Ponzanessi sea analizada bajo figuras legales mucho más leves:

"Mi cliente no fue a matar, fue a cobrar. La calificación debería girar hacia amenazas o coacción, pero nunca un homicidio calificado", sugiere la postura del letrado.

Si la fiscalía acepta que no hubo un acuerdo previo ni conocimiento del arma, la situación procesal de Ponzanessi podría cambiar drásticamente, pasando de una posible cadena perpetua a una pena excarcelable o significativamente menor.