“Tenemos muchas denuncias de proveedores de la ciudad de Córdoba por falta de cobro”

En una entrevista con Informe16, el presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán, abordó la preocupante situación financiera que atraviesa la provincia y la ciudad capital, haciendo foco en los reiterados reclamos de proveedores a los que no se les está abonando por servicios prestados. “Es hostil, acá en Córdoba esta situación de proveedores que no se pagan”, aseguró.
 
Corvalán sostuvo que la administración provincial y municipal “no ha arrancado todavía” desde el inicio de sus gestiones. “No hubo obras de importancia, nada. La vida actual es paralización de absolutamente todo”, sentenció, marcando un panorama crítico en cuanto a la ejecución de políticas públicas.
 
En referencia a la Municipalidad de Córdoba, el presidente del Tribunal fue categórico: “Hoy nos encontramos con reclamos de los empleados públicos, la caja de jubilaciones. Está mal”. Y profundizó con una denuncia puntual sobre la deuda previsional: “Schiaretti firmó que la deuda de la Caja de Jubilaciones era de 36 mil millones, y a los tres meses de asumir Llaryora se firmó un nuevo convenio que la eleva a 237 mil millones. Le sumaron más de 200 mil millones”.
 
Finalmente, cuando fue consultado sobre el futuro político de Luis Juez, no dudó: “Va a ser candidato a gobernador, va a ser el próximo gobernador”, aseguró. Y cerró con una crítica al oficialismo actual: “Hace 27 años que gobierna el mismo poder político y no estamos bien”.
 
Consultado sobre el reclamo de los proveedores, Corvalán fue tajante: “Nosotros también hemos tomado conocimiento de muchos proveedores que se encuentran reclamando deudas”. Para él, el problema no es simplemente falta de fondos, sino una mala gestión. “Hay un problema de administración. La cantidad de funcionarios creció desmedidamente”, remarcó, apuntando a un salto de 200 a casi 600 funcionarios durante la actual gestión.
 
Corvalán también desmintió las críticas que acusan al Tribunal de ser un obstáculo para la administración provincial: “Antes los expedientes tardaban 90 días, ahora tardan menos de 15. Lejos de ser una máquina de impedir, somos una máquina de agilizar”. Y cerró con una advertencia: “Se acabaron los sobreprecios. Estaban acostumbrados a cobrar algo que vale 10 a 40 o 50, y no pasaba nada. El Tribunal de Cuentas era una escribanía. Bueno, esto se acabó”.
 


Informe16