Zona Fría: la Defensoría de Villa María pidió revisar el impacto de la reforma en los hogares

La presentación fue realizada por representantes de ambos organismos, quienes solicitaron a los senadores y senadoras que analicen de manera detallada las posibles consecuencias territoriales, económicas y sociales que podría generar la modificación del esquema vigente.

El proyecto, identificado como Orden del Día N.º 402, plantea cambios en el régimen establecido por el artículo 75 de la Ley 25.565 y contempla la derogación de distintas disposiciones incorporadas posteriormente mediante la Ley 27.637.

Uno de los principales planteos de las defensorías está relacionado con la situación de las familias que actualmente reciben el beneficio de la Zona Fría.

En la presentación se recordó que la Ley 27.637, sancionada en 2021, extendió hasta el 31 de diciembre de 2031 la vigencia del régimen establecido por el artículo 75 de la Ley 25.565. Para los organismos, ese plazo había generado un marco de previsibilidad para los hogares alcanzados por las tarifas diferenciales.

En ese sentido, advirtieron que modificar anticipadamente un esquema cuya vigencia fue establecida por ley podría generar incertidumbre respecto de las condiciones tarifarias y de los derechos y expectativas de los usuarios que actualmente están incluidos.

Otro de los puntos observados está vinculado con el futuro mecanismo de acceso al beneficio. Según señalaron, el nuevo esquema podría establecer criterios diferentes a los actuales, aunque todavía no estarían completamente definidos aspectos centrales de su implementación.

Entre las dudas planteadas se encuentran la necesidad o no de realizar nuevos trámites, las condiciones que determinarían la continuidad del beneficio y el mecanismo de transición para quienes ya forman parte del régimen.

Preocupación por el impacto en Villa María y el sur provincial

Las defensorías pusieron especial atención en la situación de localidades como Villa María y Río Cuarto, además de otras zonas del sur de Córdoba que actualmente se encuentran alcanzadas por el régimen de Zona Fría.

De acuerdo con el planteo presentado ante el Senado, una modificación de las condiciones actuales podría provocar que determinados hogares pierdan el acceso a las tarifas diferenciales y pasen a afrontar el cuadro tarifario pleno, con un eventual incremento en el costo del servicio.

Para los organismos, el tema tiene una incidencia directa sobre la economía de las familias, debido al peso que representan los servicios esenciales dentro del presupuesto mensual.

Por ese motivo, consideraron necesario que cualquier modificación tenga en cuenta no solo criterios generales, sino también las particularidades económicas y climáticas de cada región.

Proponen mantener el criterio territorial y sumar variables socioeconómicas

En el documento presentado ante la Cámara alta, la Auditoría General–Defensoría de Villa María y la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto solicitaron que el proyecto sea analizado considerando su impacto en los distintos territorios.

Entre las alternativas planteadas aparece la posibilidad de mantener el criterio territorial vigente y complementarlo con parámetros socioeconómicos, en lugar de reemplazarlo completamente.

La propuesta apunta a preservar la estructura técnica existente y, al mismo tiempo, incorporar herramientas que permitan identificar a los hogares que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

También se planteó la posibilidad de establecer un esquema de aplicación estacional, con diferentes niveles de bonificación según la época del año y las necesidades energéticas de cada región. El objetivo sería contemplar las diferencias entre las zonas con mayores demandas de calefacción durante el invierno y aquellas donde el consumo puede estar asociado a otras condiciones climáticas.

Finalmente, ambos organismos sostuvieron que existen distintas alternativas que aún pueden ser evaluadas antes de avanzar con una modificación integral del sistema. En ese marco, solicitaron a los legisladores que estudien de manera exhaustiva las consecuencias que podría tener la reforma y que contemplen las particularidades de las diferentes regiones del país.

El planteo apunta a compatibilizar una eventual actualización del régimen con la necesidad de evitar que los cambios dejen sin protección a hogares que actualmente cuentan con tarifas diferenciales y que dependen de ese beneficio para afrontar el costo de un servicio esencial.