El exlegislador cordobés enfrenta desde este lunes a la Justicia en Villa Dolores por el choque fatal de 2022. Está imputado por homicidio y lesiones culposas, aunque las familias de las víctimas denuncian un "crimen vial" y su defensa pedirá la absolución.
Este lunes inició en la Cámara del Crimen de Villa Dolores el juicio oral y público contra el expresidente de la Legislatura de Córdoba, Oscar González. El histórico dirigente peronista se sienta en el banquillo de los acusados por el siniestro vial ocurrido el 29 de octubre de 2022 en el paraje Niña Paula, en el que falleció la docente Alejandra Bengoa y sufrieron graves secuelas dos adolescentes, Marina (hija de la víctima fatal) y Alexa.
González llega a este debate imputado por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas reiteradas. De ser hallado culpable bajo esta calificación legal, el exfuncionario se enfrenta a una pena de entre 3 y 6 años de prisión, sumado a la inhabilitación para conducir vehículos automotores. El tribunal está a cargo del juez Santiago Camogli, mientras que la fiscal Analía Gallaratto lidera la acusación.
El proceso judicial, que demoró casi cuatro años en llegar a la instancia oral, expone dos posturas completamente enfrentadas. Por un lado, la querella intentará agravar los cargos para que el hecho sea condenado bajo la figura de dolo eventual. Gustavo Álvarez, padre de Alexa, aseguró que buscarán demostrar que se trató de un "crimen vial" y calificó como "un padecimiento" el largo y controvertido camino recorrido durante la etapa de instrucción. Para reconstruir el hecho, el testimonio de las dos jóvenes sobrevivientes será clave.
En la vereda opuesta, la defensa técnica de González, encabezada por el abogado Miguel Ortíz Pellegrini, anticipó que pedirá la absolución. Su estrategia central será responsabilizar a la conductora fallecida. Según el letrado, presentarán declaraciones de tres testigos y grabaciones de cámaras de seguridad para intentar probar que Bengoa realizó un adelantamiento indebido en una zona prohibida y que, además, no contaba con la habilitación municipal correspondiente para manejar.
Finalmente, la defensa aclaró que la indemnización civil de las adolescentes sobrevivientes está garantizada independientemente del resultado de este juicio penal, y exigió que la resolución del magistrado se base estrictamente en las pruebas aportadas al expediente y no "por las habladurías de la prensa".