El Gobierno nombró a los dos veedores para la auditoría en la AFA

El Ministerio de Justicia dispuso una veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a partir de un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), lo que habilita una auditoría sobre el funcionamiento contable y administrativo de la entidad.

La decisión profundiza un conflicto institucional con derivaciones políticas y vuelve a colocar al fútbol argentino en el centro de una disputa sobre control estatal y transparencia.

La intervención fue formalizada por el Gobierno nacional por un plazo de 180 días hábiles y combina fundamentos técnicos, jurídicos y políticos. La medida sitúa nuevamente a la conducción del fútbol argentino bajo la lupa del organismo que fiscaliza a las asociaciones civiles con sede en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la resolución firmada por el Ministerio de Justicia, el objetivo es relevar documentación, auditar balances y verificar el funcionamiento institucional de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.

La resolución y los veedores designados

La disposición lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y establece la designación de dos veedores que tendrán a su cargo el seguimiento de la gestión de la AFA.

Durante el período de veeduría, los funcionarios designados podrán examinar estados contables, revisar operaciones con empresas privadas y analizar el proceso de creación de la Universidad de la AFA. Según argumentó la IGJ, la decisión se tomó luego de detectar falta de documentación respaldatoria y respuestas incompletas ante distintos requerimientos previos.

El informe final de los veedores servirá para determinar los pasos a seguir, que podrían ir desde sanciones administrativas hasta eventuales acciones judiciales.

La medida adoptada por el Ministerio de Justicia no implica una intervención plena ni el desplazamiento de las autoridades de la AFA, sino la aplicación de una figura de control más limitada: la veeduría.

En términos jurídicos, se trata de la designación de funcionarios externos con facultades para examinar documentación, auditar procedimientos y elaborar informes sobre el funcionamiento institucional de una entidad.