Brenda Austin presentó un proyecto para crear un Sistema Provincial de Control de depósitos de residuos radiactivos en Córdoba

La legisladora Brenda Austin (UCR) , presentó en la Legislatura un proyecto de ley para crear el Sistema Provincial de Control de Depósitos de Residuos Radiactivos y No Radiactivos Peligrosos , una estructura institucional permanente destinada a fortalecer las capacidades de la Provincia de Córdoba en el monitoreo ambiental, la transparencia y la remediación de sitios con acumulación histórica de residuos nucleares.

La iniciativa alcanza, entre otros, a la planta de Dioxitek S.A. y el depósito conocido como “El Chichón”, en barrio Alta Córdoba, al ex complejo minero de Los Gigantes, a la Central Nuclear de Embalse y a instalaciones vinculadas a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

“Esta discusión de coyuntura que se está dando en torno a Dioxitek puede ser una oportunidad para construir un andamiaje normativo que aumente las facultades de control de la provincia de Córdoba. La Provincia no puede ser un mero espectador del desarrollo de actividades nucleares en su territorio, sino que tiene que ser garante para la ciudadanía”, sostuvo Austin.

Ante la relevancia del tema y la urgencia de respuestas por parte del Estado provincial, la legisladora radical pidió el tratamiento sobre tablas del proyecto en la sesión de este jueves.
 
Organismo técnico independiente
El proyecto crea una Unidad Técnica autárquica con independencia funcional del Poder Ejecutivo provincial y una Comisión Especial legislativa de seguimiento. La Unidad Técnica tendrá facultades para realizar monitoreos ambientales independientes sobre agua, suelo, aire, sedimentos y biota; exigir auditorías técnicas internacionales cada tres años, financiadas por los operadores; administrar un Registro Provincial público y digital; emitir dictámenes técnicos ante planes de remediación, traslados de residuos o nuevas instalaciones; convocar audiencias públicas obligatorias y accionar judicialmente en defensa del ambiente provincial.
Además, el diseño institucional contempla un Directorio plural integrado por representantes del Ejecutivo, de universidades nacionales con sede en Córdoba, de organizaciones de la sociedad civil, de municipios del área de influencia y de la Legislatura, con estrictas incompatibilidades para garantizar independencia respecto de los operadores.
“La propuesta no invade competencias nacionales en materia de seguridad nuclear. Lo que hace es fortalecer el control ambiental y sanitario desde la Provincia, elevar los estándares de transparencia y asegurar auditorías verdaderamente independientes más allá de los controles que realiza la Autoridad Regulatoria Nacional”, explicó la legisladora.
 
Registro público y obligaciones estrictas
La iniciativa establece la creación de un Registro Provincial de Depósitos de Residuos Radiactivos y No Radiactivos Peligrosos, de acceso libre, donde deberá constar la identificación de cada sitio, el operador responsable, el historial de accidentes y eventos, el estado de los planes de remediación y las restricciones de uso del suelo.
Además, la iniciativa establece que los operadores deberán presentar informes semestrales obligatorios, notificar accidentes dentro de las 24 horas, permitir inspecciones provinciales y no podrán imponer cláusulas de confidencialidad que impidan denuncias de trabajadores ante los organismos de control. El proyecto además incorpora un régimen específico de protección para denunciantes.
 
Participación ciudadana y monitoreo sanitario
Uno de los puntos centrales del proyecto es que busca fortalecer la transparencia y la participación ciudadana. El texto prevé audiencias públicas antes de decisiones relevantes, simulacros de contingencia en coordinación con centros de salud y la elaboración de planes ciudadanos de emergencia. También dispone la creación de un registro epidemiológico permanente en las áreas de influencia de los depósitos, con actualización anual y acceso público.
“Queremos que en la provincia estén dispuestos planes ciudadanos de emergencia y contingencia y que se empuje con fuerza el debate por la remediación de los sitios que así lo requieran, como es el caso de Los Gigantes”, señaló Austin.
Dos de las herramientas más importantes que promueve el proyecto y que han sido demandadas por actores de la sociedad civil, son la realización obligatoria de auditorías técnicas independiente con participación de organismos internacionales sin vinculación con los operadores o reguladores nacionales, y el registro epidemiológico permanente en las áreas de influencia. Ambas con el fin de brindar certeza y confianza sobre el estado de situación
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La Secretaria de Ambiente en la mira. 
Por otra parte, la legisladora manifestó en diversas oportunidades, la preocupación por el retraso en la puesta en marcha de planes de remediación debido a la falta de un rol activo de la Provincia de Córdoba.
En el caso de la ex Mina de Uranio de Los Gigantes, según información oficial de organismos nacionales y provinciales se puede constatar que el Plan de Cierre fue presentado en 2017 por CONEA y aún obra en manos de la Secretaria de Ambiente de la provincia. 
Esto se pudo constatar por medio de una respuesta oficial al pedido de informe, que confirma con claridad que es la Secretaría de Ambiente, quien tramita el pedido de cierre y señala que el trámite no se concluyó por no haberse cumplido con requerimientos técnicos formulados. También reconoce que estudios ambientales por la rotura del dique y que no han sido cumplimentados.
En este sentido, Austin, aseguró que el contenido de la respuesta “demuestra que la Secretaría tiene el caso, que formuló observaciones técnicas, pero que no insistió con la firmeza necesaria para que el tema avance y no quede planchado frente a un riesgo ambiental de esta magnitud”. Además, cuestionó que “pese a reconocer su intervención, el organismo provincial deslinde reiteradamente responsabilidades operativas hacia el titular del pasivo ambiental y hacia la autoridad minera”.
Asimismo, la contestación oficial expone un problema de competencia entre distintas áreas del Estado provincial. Mientras la Secretaría de Ambiente señala que el monitoreo hídrico corresponde a la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHi), otros aspectos quedan bajo órbita de la autoridad minera, configurando, según advirtió la legisladora, un escenario donde “las distintas dependencias se pasan la responsabilidad de una a otra, fragmentando el control y debilitando la capacidad del Estado para actuar de manera integral”.
A partir de esta situación, la legisladora sostuvo que el caso pone en evidencia la necesidad urgente de crear una unidad técnica provincial que reúna y coordine a todos los organismos con competencia en la materia ambiental y minera, garantizando control activo, seguimiento permanente y trazabilidad administrativa de los sitios con pasivos ambientales. “La respuesta oficial muestra con mucha claridad por qué hace falta una estructura que articule a todas las áreas involucradas y refuerce la obligación indelegable de la Provincia de controlar de manera efectiva estos sitios”, remarcó.
El propio expediente administrativo reconoce que el Plan de Cierre del Yacimiento Schlagintweit no cuenta con acto administrativo resolutivo, permaneciendo supeditado al cumplimiento de requerimientos técnicos. Para la legisladora, esta situación “no puede transformarse en una excusa permanente para la inacción estatal frente a pasivos ambientales que impactan en cuencas estratégicas”.
En cuanto al caso de Dioxitek, Austin afirmó que “se advierten irregularidades en los roles de control, ineficaces cuanto menos, tanto del Ministerio de Seguridad frente a las observaciones técnicas vinculadas a presuntas deficiencias en los sistemas de prevención y combate de incendios realizados por la Dirección de Bomberos como por la Secretaría de Ambiente en torno al estado del Plan de Gestión Ambiental de la empresa”.
En los fundamentos del proyecto se menciona que, en el Barrio Alta Córdoba, contiguo a Dioxitek se encuentran enterradas “57.600 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad generados desde 1952, conocidos como "El Chichón": colas de mineral que contienen uranio, radio-226, torio y sus descendientes radiactivos”. Mientras que en el Sitio de Los Gigantes “quedaron depositados a cielo abierto aproximadamente tres millones de toneladas de colas, estériles, minerales marginales, lodos y líquidos, en la cabecera de la cuenca que abastece de agua potable a la ciudad de Córdoba y a gran parte del Valle de Punilla”.
Para la legisladora, ambos casos reflejan un mismo problema estructural: la ausencia de un control provincial coordinado, activo y sostenido en el tiempo frente a pasivos ambientales de alta sensibilidad pública y sanitaria.

Participación provincial en decisiones nacionales
El proyecto establece que toda decisión nacional que implique nuevas instalaciones, traslado de residuos, clausura o modificación de operaciones en territorio cordobés, deberá notificarse a la Provincia,  instando además a una consulta previa con al menos 60 días de anticipación, a fin de que la Unidad Técnica emita dictamen.
Asimismo, promueve acuerdos interjurisdiccionales para coordinar información en tiempo real, programas de monitoreo complementarios y participación provincial en la planificación estratégica de gestión de residuos.
 
Fundamentos y antecedentes
La iniciativa se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que consagran el derecho a un ambiente sano, el acceso a la información y la participación ciudadana. 
Se enmarca dentro de las facultades que la Ley General del Ambiente N° 25.675 al permitir a las provincias establecer estándares ambientales más protectorios. También, especialmente en el rol que la propia Ley N° 25.018 de Residuos Radiactivos dispone, al exigir que la CNEA envíe copias del inventario de residuos radiactivos y la documentación del sistema de registro a las autoridades competentes de las provincias, reconociendo que esas autoridades existen y tienen competencia en la materia
En sus fundamentos, el proyecto advierte sobre remediaciones inconclusas desde hace décadas, potenciales conflictos de interés derivados de la concentración de funciones en organismos nacionales y la necesidad de un control independiente con anclaje provincial.
Austin destacó que para la elaboración del proyecto se tomaron en cuenta aportes de especialistas y el análisis de documentación oficial, así como experiencias comparadas en países como Alemania, Canadá y Australia.
“Creemos que este puede ser un aporte serio y responsable a la discusión pública. No se trata de generar alarma, sino de construir reglas claras, instituciones sólidas y mecanismos de control que le den tranquilidad a la ciudadanía cordobesa”, concluyó Austin.