La Cámara de Diputados de Mendoza destituyó por unanimidad a la legisladora Janina Ortiz (Unión Mendocina) tras confirmarse su condena por el desvío millonario de fondos públicos durante su gestión municipal en Las Heras, en un fallo que sella su expulsión definitiva y mantiene abiertos reclamos salariales pendientes.
La Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza resolvió este miércoles expulsar de su seno por unanimidad a la legisladora Janina Ortiz, perteneciente al Partido Demócrata (Unión Mendocina). La medida se concretó luego de que la Justicia la hallara culpable de los delitos de peculado y uso de documento público apócrifo, en el marco de una causa por corrupción conocida localmente como el "escándalo de las cooperativas fantasma".
Antecedentes y condena judicial
La exfuncionaria había admitido los delitos imputados y acordado una pena de tres años de prisión en suspenso junto a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a través de un juicio abreviado. De esta manera, tanto Ortiz como su pareja —el exintendente de Las Heras entre 2015 y 2023, Daniel Orozco— evitaron cumplir condena con prisión efectiva.
La investigación judicial comprobó que, entre 2021 y 2023, la administración municipal transfirió más de 35,5 millones de pesos a la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada para la ejecución de tareas de mantenimiento que nunca se realizaron. Durante dichos mandatos, Ortiz se desempeñaba como secretaria de Gobierno, uno de los cargos con mayor peso político en el municipio.
El proceso legislativo y el conflicto salarial
Ante el avance de las causas penales, la Cámara baja provincial ya la había suspendido sin goce de sueldo en marzo de 2024. Para concretar la remoción definitiva, el cuerpo legislativo apeló al artículo 91 de la Constitución de Mendoza, el cual faculta a la cámara a excluir a sus miembros por indignidad o inhabilidad moral sobreviniente.
Pese a la destitución, el caso continúa abierto en el plano administrativo y judicial: la defensa de la exdiputada mantiene un reclamo formal para exigir el cobro de 31 haberes salariales que dejó de percibir durante el periodo en el que permaneció suspendida de su banca.