Córdoba: "El 75% de los peajes no se usan para mejorar las rutas"

Beltrán Corvalán y Fernanda Leiva, vocales del Tribunal de Cuentas, denunciaron penalmente a la empresa Caminos de las Sierras. La acusación se centra en el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras reiteradas negativas de la firma para entregar comprobantes de gastos y contratos.

"La verdad es una situación que nos apena. Tuvimos que presentar una denuncia porque no nos aportan información desde Caminos de las Sierras al Tribunal de Cuentas, siendo que en la Constitución Provincial es claro que deben aportar la documentación", explicó Corvalán al momento de la presentación.

Para el vocal, la resistencia de la empresa a ser auditada es una falta de respeto al contribuyente. Corvalán enfatizó la naturaleza del dinero que maneja la prestataria: "Si vos administrás dineros públicos, es decir, dinero de todos nosotros, tenés que rendir cuentas, tenés que ser transparente. Es dinero que no es privado y no nos están rindiendo cuentas".

La sospecha del Tribunal no es abstracta, sino que se apoya en el análisis de la escasa información que lograron obtener. "Nosotros tenemos indicios de sobreprecio significativo y lo único que estamos haciendo es solicitar información para ver si estos indicios son reales", remarcó el funcionario.

Los números de la polémica

Corvalán desglosó cifras que generan alarma.  "Por ejemplo, el corte de pasto que en el 2022 la empresa gastó, de acuerdo a los papeles que nosotros tenemos, 2 millones de dólares, y termina borrando el año 2025 8 millones de dólares", denunció el vocal, calificando estos montos como "importes significativos".

 "En la compra de comida gastan cerca de 500 millones de pesos sin ningún tipo de contrato", dijo haciendo referencia a contratos sin licitación previa. Sobre esto, Corvalán fue tajante: "Deberían haber llamado a licitación para ser más claros y no manejarse como si fuesen dineros propios".

Un control bajo la lupa y la crítica al ERSEP

La denuncia también pone el foco en la estructura interna de la empresa que preside Julio Bañuelos. Según los auditores, el 75% de los ingresos que se obtienen del peaje que pagan los cordobeses se destina a "gastos administrativos" y no al mejoramiento de las rutas.

"Realizamos cuatro requerimientos que no fueron contestados o fueron contestados parcialmente. Se requirió nuevamente la información en tres oportunidades y no nos han dado, se niegan. Por eso no nos queda otra alternativa que realizar esta denuncia penal", relató el titular del Tribunal.

"Lo del ERSEP, organismo de Córdoba, creado para regular y controlar los servicios públicos provinciales es penoso, actúan como una escribanía. Me hace recordar lo que era el Tribunal de Cuentas hace un tiempo atrás", concluyó. Observan expedientes con errores y sobreprecios. "No tienen que aprobar todo, como lo hacen". 

DE UNA