“La conflictividad nos obliga a modificar el Código de Convivencia”

En medio del debate legislativo por la actividad de los denominados “naranjitas”, Agost Carreño explicó que existen diversas iniciativas en la Unicameral.

“Hay varios proyectos en la Legislatura. Uno plantea la prohibición total en todo el territorio provincial; otro, del oficialismo, propone que no pueda haber pagos voluntarios; y también hay un proyecto que declara la emergencia y busca una salida social”, detalló.
 
Frente a esas alternativas, el dirigente del PRO sostuvo que presentó una propuesta propia que intenta sintetizar las distintas miradas. “Mi proyecto reúne lo mejor de cada uno y trata de resolver la problemática con otro enfoque”, afirmó.
 
Según indicó, el 80 o 90 % de los conflictos se concentran en la ciudad de Córdoba y comienzan a advertirse situaciones similares en Río Cuarto. “Es muy difícil que la Legislatura tome una decisión uniforme para todos, porque en el resto de las ciudades la problemática no es la misma”, señaló.
 
Su iniciativa establece una regla general de prohibición, con excepciones locales. “La regla sería que estén prohibidas las actividades, salvo que los concejos deliberantes regulen dentro de sus ejidos cómo funcionan. En algunas ciudades podrá ser con cooperativas, en otras con aplicaciones y en otras absolutamente libre”, explicó. Y agregó: “Cuando se excedan los montos permitidos, ahí sí debe estar absolutamente prohibido y ser muy grave la sanción”.
 
El legislador confirmó que la propuesta implica modificar el Código de Convivencia. “Esto va a ser una contravención, con días de arresto, trabajo comunitario o multas, que son las herramientas que prevé el Código”, precisó, y recordó que cuando fue diputado nacional intentó incorporar la figura al Código Penal, aunque no prosperó.
 
En otro orden, Agost Carreño cuestionó el retiro de cajeros automáticos en distintas localidades del interior provincial y apuntó al Banco de Córdoba. “Hemos pedido informes porque están retirando cajeros de muchísimos lugares, algo que va en contrasentido de lo que debería hacer un banco que tiene una función social”, afirmó.
 
El legislador señaló que la entidad provincial presenta déficit y cuestionó sus prioridades de gasto. “Tiene un balance negativo y ha gastado muchísima plata en pauta y festivales. Creemos que debe haber una discusión de prioridades”, sostuvo. Y remarcó: “No es solo una cuestión de preferencia por el efectivo; hay gente que obtiene descuentos importantes pagando en efectivo. No puede ser que tenga que viajar 100 o 200 kilómetros para retirar su dinero”.
 
Finalmente, confirmó que el PRO provincial renovará autoridades el próximo 29 de marzo. “El 7 de abril se vencen las autoridades y no podemos no elegir nuevas. El 9 de marzo se presentan las listas y haremos la democracia interna que corresponde”, concluyó.