Causa Gutierrez: ​Solicitan juicio oral para 24 ex policías y ex militares por crímenes de lesa humanidad

Solicitan juicio oral para 24 expolicías y exmilitares por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 70 víctimas entre 1975 y 1978

Es por hechos ocurridos en su gran mayoría en la ciudad de Río Cuarto, que incluyen privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, homicidios y abusos sexuales. 

La mayoría de las víctimas eran estudiantes, docentes o personal de la Universidad Nacional de Río Cuarto, e incluso en uno de los casos el secuestro se produjo dentro de la misma casa de estudios.

Con la firma del fiscal Carlos Gonella y de los auxiliares fiscales Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo, el pedido desarrolla 62 hechos ocurridos entre 1975 y finales de 1978. La pieza acusatoria califica los crímenes como privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, homicidios y delitos de índole sexual, entre otros.

Entre los casos requeridos a juicio se encuentra el que tuvo por víctima al militante del Partido Comunista Gabriel Braunstein Maiden, quien continúa desaparecido. De acuerdo con la acusación fiscal, el 10 de junio de 1976 policías y militares, sin uniforme ni identificación, armados y a bordo de dos autos, lo secuestraron en su domicilio, situado en la planta alta de una estación de servicio en Río Cuarto, tras reducir a un empleado y a un cliente. Luego irrumpieron en la vivienda, donde se encontraban Braunstein, su pareja y dos amigas.

La lista de acusados incluye integrantes de la Delegación Río Cuarto de la Policía Federal Argentina y de la Unidad Regional Sur (URS) de la Policía de Córdoba imputados por primera vez en crímenes de lesa humanidad, además de integrantes del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía provincial; de las secciones 1° y 3° del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército; y personal militar integrante del Regimiento de Infantería Aerotransportada N° 2 y de la Policía Militar que cumplía funciones en la Unidad Penitenciaria N°1 de la ciudad de Córdoba. Por algunos hechos fueron imputados integrantes del Estado Mayor del Comando de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV, que integran el Estado Mayor de la Jefatura del Área 311, y el jefe de la Sub Área militar 3115 (Río Cuarto), que posteriormente pasó a denominarse Área 315.

El personal del Ejército acusado incluye a los exgenerales Adolfo Patricio Echehun, Carlos Alberto Quevedo y Pablo Skalany; al exteniente coronel Enrique Pedro Mones Ruiz; al ex sargento Miguel Ángel Pérez; a los exmayores Gustavo Adolfo Alsina y Ernesto Guillermo Barreiro; a los exsuboficiales mayores Carlos Ibar Pérez, Juan Eusebio Vega y Carlos Alberto Díaz; y a Arnoldo José López, Ricardo Alberto Ramón Ladrone y José Luis Yáñez.

En tanto, los policías provinciales imputados son los excomisarios Rubén Enrique Principi y Carlos Alfredo Yanicelli; el exsargento primero Daniel Di Santo; el suboficial principal Juan Carlos Nieto; y Juan Eduardo Ramón Molina, Miguel Ángel Salinas y Miguel Ángel Gómez.

El Fiscal Facundo Trotta dialogó con DE UNA y explicó que hay tres tribunales orales en Córdoba que tienen la posibilidad de intervenir en este juicio.

Destacó que es una causa importante por el número de víctimas, por el número de imputados y por la cantidad de hechos que se están juzgando, “entonces lleva una organización por parte del tribunal que posiblemente demande un poco más de tiempo. Yo espero como siempre que podamos tener un juicio lo más pronto posible”.

Cuestionado acerca de si es una de las causas más grandes que se juzgan, comentó que está la causa Gómez, que es bastante más importante porque son arriba de 500 víctimas, sin embargo la causa Gutiérrez es una de las más grandes por llevar a un juicio en el próximo tiempo.

Una de las particularidades de esta causa es que la mayoría de las víctimas eran estudiantes o personal de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

“Nos ocupamos básicamente de una región que está vinculada con la subárea 3115, que estaba justamente en Río Cuarto, entonces las víctimas, en su gran mayoría, son de la ciudad de Río Cuarto o de localidades cercanas. En definitiva siempre terminaban pasando por lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención en Río Cuarto”.

En su mayoría eran estudiantes, personal docente, personal no docente, y de las investigaciones surge que era una preocupación en cuanto a la tarea de inteligencia que llevaban a cabo las fuerzas de seguridad, todo lo que tuviera que ver con la militancia de las personas dentro y en el marco de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

“Hay un caso que es paradigmático, de Dicola, que era una estudiante universitaria que es secuestrada de las mismas aulas de la universidad. También fue resonante el secuestro del matrimonio Silver Chesa, que eran dos profesores destacados, fueron secuestrados en cercanías de la UNRC” relató el Fiscal Trotta.

Agregó que originalmente estuvo acusado Raúl Antonio Ponce, exmilitar, que en ese momento era personal civil, que se desempeñaba como director de despacho general de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que hoy se encuentra separado del juicio por incapacidad sobreviviente, pero él, desde su rol, brindó información que terminó con la detención de Silver y posteriormente su mujer Chesa.

Son 24 los expolicías y exmilitares que serán juzgados y es la primera vez que se está juzgando en Córdoba personal de la delegación de la Policía Federal.

Algunas de las personas que serán juzgadas están detenidas, y otras permanecen en libertad porque dependen de la gravedad de los crímenes.

Hay gente que al no tener antecedentes, ni condenas, se encuentran en libertad y otros por su edad se encuentran en prisión domiciliaria.


INFORME16/DE UNA