La Justicia Federal ordena al PAMI cubrir el 100% de los medicamentos

La decisión fue tomada por el Juzgado Federal N°2 de Mendoza a cargo del Dr. Pablo Oscar Quirós el pasado viernes, al hacer lugar a una medida cautelar solicitada en diciembre del año pasado por diversos organismos integrados en la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba. 

Este pedido surgió a partir de la medida tomada por el Gobierno Nacional de recortar el acceso a la medicación gratuita para los afiliados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que representa una grave vulneración de un derecho básico fundamental como es el acceso a la salud para una gran parte de la población.

El objetivo de la misma es, entonces, revertir los efectos de la Resolución 2024-2431, emitida por el PAMI el 22 de agosto de 2024, y de garantizar la continuidad de las prestaciones y coberturas de medicamentos a los afiliados y afiliadas, declarando la inconstitucionalidad y nulidad de la normativa que lo imposibilita. 

“La gente mayor, por su condición de tal, merece una protección especial, la que a su vez debe ser inmediata y urgente; el acceso a la salud integral es un derecho humano consagrado en nuestra constitución, leyes especiales y en los tratados internacionales. Este fallo es una respuesta contundente en protección de esos derechos”, señala el organismo de DDHH.

“Por otra parte, este precedente judicial refuerza la esperanza de que los derechos adquiridos por el pueblo argentino, a través de tantas luchas y sacrificios, sigan siendo protegidos ante embestidas estatales regresivas. La lucha continúa en cada espacio donde se defienda la vida, la salud y la dignidad de las personas, en especial de nuestros adultos mayores”, concluye el comunicado.

Según explicó Carlos Vicente, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en diálogo con DE UNA, el juez federal admite el recurso de amparo tal como fue presentado desde el punto de vista formal, le da comienzo al trámite y le otorga 10 días al PAMI y al Gobierno Nacional para que informe al juzgado cuáles han sido los fundamentos para tomar esa medida restrictiva.

Se ordena que la misma comience a regir las 48 horas después de la notificación formal. Como se ha constatado que el oficio, por el cual el Juzgado notificó al PAMI, ha salido en el día de ayer, el organismo debería empezar a cumplir la resolución a partir del jueves. 

Sobre la posibilidad de que el PAMI apele la decisión, Vicente aclaró que estaríamos en presencia de una acción violatoria del Código Penal, que es la desobediencia a una orden judicial. “Las órdenes judiciales no son de aplicación voluntaria, son de aplicación obligatoria. Por lo tanto, el PAMI las tiene que cumplir”, expresó.

Aún así, él está convencido de que el PAMI presentará distintas “chicanas”, con la idea de obstaculizar o entorpecer la ejecución del trámite. 

DE UNA