¡Hola a todos, soy la República!

Somos la “República Argentina”. Sí, la República. Una organización social y jurídica que consta de tres poderes, independiente uno de otro, con funciones específicas consagradas en la Constitución Nacional. Educación Cívica de primaria, con refuerzo en los primeros años del secundario. Cada poder tiene establecido lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Legislar, por ejemplo, es solo competencia del Poder Legislativo. No lo puede hacer ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que solamente se puede utilizar como una herramienta excepcional, pero que en Argentina se usa como si fuese la ley, tuvo esta semana una actuación sobresaliente. El Presidente Javier Milei, extralimitándose en sus funciones, legisló sobre 300 normativas consagradas a lo largo de 100 años de vida republicana. Un “decretazo” inédito, inconstitucional (no lo digo yo, lo dicen todos los constitucionalistas del país, hasta los más vinculados a la derecha política), indefendible. Si lo hubiera firmado Cristina Fernández de Kirchner, como dijo el analista Carlos Fara, “sería un escándalo”.

El escándalo sí lo es para el pueblo trabajador, la clase media y los sectores bajos. No solo las primeras medidas económicas del Presidente Milei golpean a asalariados y cuentapropistas, sino que la batería de leyes derogadas o modificadas solo tiene un ganador y millones de perjudicados. Los grupos económicos concentrados celebran el “decretazo” (los mismos que dirían de todo si la firmante de la norma hubiera sido CFK o cualquier otro dirigente peronista). Los sectores medios y bajos, lo que salieron a cacerolear por todo el país, los grandes perdedores.

Milei prometió que el ajuste lo pagaría “la casta” y no el pueblo. Ese relato de campaña se terminó en apenas 10 días. Primero con las desregulaciones económicas, luego con las desregulaciones jurídicas. El DNU es una afrenta a la institucional y el Congreso de la Nación lo sabe. Si convalida la norma, habrá habilitado a Milei para gobernar por decreto en los próximos 4 años, sin pasar casi nada por las cámaras; y además genera un antecedente peligroso para el porvenir de la historia.

El presidente tiene que comprender que imponer su proyecto político y económico no depende solo de él, caso contrario sería una autocracia. Argentina es una democracia y las leyes se sancionan en el Congreso. Está a tiempo de revertir su decisión. Caso contrario, un revés legislativo puede significar un golpe durísimo a su proyecto liberal libertario.