Advierten que el proyecto del Gobierno Nacional impactará de forma directa en 680.000 hogares, provocando aumentos de entre el 30% y el 50% en las boletas de gas en pleno inicio del invierno.
En una mañana marcada por una intensa ola de frío y sensaciones térmicas bajo cero en el sur provincial, intendentes y defensores del pueblo de Córdoba conformaron un frente común institucional. El objetivo, explican, es frenar en laCámara de Diputados de la Naciónel proyecto oficialista que busca derogar los beneficios de la "Zona Fría", una política pública que otorga tarifas diferenciadas de gas por razones climáticas.
El encuentro, que tuvo lugar en la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto y fue cubierto en vivo por el periodista Fabián Petenatte, culminó con la firma de un pronunciamiento conjunto. Del reclamo participan activamente mandatarios de los departamentos Río Cuarto, Juárez Celman, Tercero Arriba y General San Martín, con el respaldo unánime de la Mesa Provincia-Municipios, a excepción del representante de La Libertad Avanza de la población de Achiras (Zacay).
El impacto en los números: subas de hasta el 50% en 680.000 hogares.
La preocupación central de los jefes comunales radica en el desamparo económico y sanitario en el que quedarían los usuarios residenciales ante la inminente llegada de los meses más duros del año. La quita del beneficio se traduciría automáticamente en incrementos de entre el 30% y el 50% en las tarifas finales de gas de red.
"Bajo ningún punto de vista los diputados y senadores que representan a Córdoba pueden votar en contra de ‘680.000 hogares y 2 millones de personas’ que se ven directamente afectadas", manifestaron las autoridades en la conferencia de prensa.
Además, denunciaron una fuerte contradicción en el proyecto del Ejecutivo Nacional: aunque a Córdoba se le quite el beneficio, los usuarios locales seguirán pagando el impuesto que compone el fondo fiduciario del subsidio. "Los cordobeses van a seguir contribuyendo a un fondo para que otros lo tengan", advirtieron.
Consecuencias en la salud y el "efecto motosierra"
El titular de la Auditoría General de Villa María, Rafael Sachetto participó del cónclave y sumó la perspectiva de los organismos de control y defensa ciudadana. Sachetto alertó que la medida trasciende lo netamente económico y se convierte en una problemática de salud pública.
"Con el frío, no pensamos el gas solo como la posibilidad de estar un poco mejor, hablamos de condiciones de salud. Esto va a impactar directamente en el nivel de atención primaria de la salud de los municipios", advirtió el funcionario villamariense.
Sachetto explicó también el "efecto colateral" administrativo del impago de boletas: "Muchos vecinos no van a poder afrontar las tarifas incrementadas, lo que derivará en cortes de suministro. Esto implicará costos extra de reconexión y revisiones técnicas que agravarán la situación de vulnerabilidad".
Finalmente, el Auditor General de Villa María criticó con dureza la metodología legislativa que implementa el Gobierno de la Nación para eliminar conquistas históricas de las provincias: "Tienen esta mecánica de derogación de leyes en proyectos enormes con muchísimos artículos. En la vorágine y en el 'agua barrosa' de esa situación, juegan con estas cuestiones donde no interesa que hay gente que sufre. Bajo el paraguas de corregir la corrupción, en vez de hacer un control fino que imparta justicia en el beneficio, la 'motosierra' directamente elimina la política pública".