Tres firmas deberán informar qué tipo de servicios les brindó la compañía de coaching de Bettina Angeletti. La investigación busca determinar si estas adjudicaciones se utilizaron para generar un sistema de retornos.
El juez federal Ariel Lijo solicitó a tres empresas contratistas del Estado nacional que entreguen en forma completa la facturación realizada con la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La medida busca determinar si existió algún tipo de direccionamiento irregular en los contratos que la empresa de coaching Angeletti mantiene con proveedores estatales.
Concretamente, las empresas Datco (Grupo Datco), National Shipping y Foggia Group (Grupo Foggia) deberán informar detalladamente todas las operaciones comerciales y facturaciones con +BE.
Datco abastece a ARCA, AySA y Aerolíneas Argentinas; National Shipping es contratista de YPF, y el Grupo Foggia está vinculado a la concesión de Tecnópolis.
La disposición forma parte de una investigación iniciada a raíz de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano para determinar si Angeletti fue favorecida de manera irregular por el Gobierno con contratos de consultoría que podrían configurar un mecanismo de retorno de fondos públicos.
El juez Lijo consideró necesario avanzar con esta prueba en la actual etapa de la causa. Además de los pedidos a las empresas, dispuso requerimientos a la Inspección General de Justicia (IGJ) para que identifique a los beneficiarios finales de las contrataciones y remita los legajos societarios de las firmas involucradas.
También pidió a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Oficina Nacional de Contrataciones, que informe si Datco, National Shipping y Foggia Group son contratistas recurrentes del Estado y acompañe las constancias de los procesos de adjudicación.
Esta causa se tramita en paralelo a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Adorni, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, y a otras dos pesquisas relacionadas con el jefe de Gabinete: un viaje familiar a Punta del Este y un vínculo comercial con el periodista Marcelo Grandio.
Adorni asumió en enero de 2026 como director titular de YPF en representación del Estado, lo que otorga particular relevancia al vínculo de National Shipping con esa empresa.
Hasta el momento no hay imputaciones formales ni procesamientos en esta causa. Los posibles delitos que se analizan incluyen fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad, aunque la investigación se encuentra todavía en etapa preliminar.
La situación de Adorni
El juez federal, Ariel Lijo dispuso días atrás el levantamiento del secreto fiscal ante ARBA, la agencia tributaria de la provincia de Buenos Aires, del jefe de Gabinete y su esposa en la causa por enriquecimiento ilícito.
La medida fue a pedido del fiscal federal, Gerardo Pollicita, y está vinculada con los pagos para la compra y las remodelaciones en la casa ubicada en el country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz.
El expediente busca determinar si hubo omisiones o inconsistencias en las declaraciones juradas del jefe de Gabinete y si los movimientos de fondos se corresponden con sus ingresos declarados.
Además, la Justicia analiza operaciones entre distintas billeteras digitales utilizadas por Adorni y otras cuentas bancarias o virtuales asociadas. En ese marco, bajo análisis aparecen movimientos que podrían rondar los 100.000 dólares, aunque el monto exacto todavía no fue determinado y continúa siendo objeto de peritajes y cruces de información.
Dentro de la reconstrucción patrimonial que realiza la Justicia también apareció una herencia recibida tras el fallecimiento de su padre. Según trascendió, Adorni posee el 33% de un terreno heredado. Además, figura un departamento en el que actualmente reside su madre.