Se conformó la Comisión de Apoyo Pro-Ciudad Judicial y Administrativa

La Ciudad Judicial de Villa María dio este viernes un nuevo paso hacia su concreción con la firma de un documento rubricado por quienes integran la Comisión de Apoyo Pro-Ciudad Judicial y Administrativa.

Según se precisó, el documento en cuestión será elevado a las autoridades provinciales competentes en procura de avanzar con la obra de la sede judicial y administrativa, considerada estratégica para la ciudad y la región.

El intendente Eduardo Accastello participó de la reunión junto a referentes judiciales, legislativos e institucionales para consolidar el respaldo al proyecto.

Durante el encuentro se ratificó el compromiso de gestionar ante el Gobierno provincial los recursos necesarios para construir el edificio, que estará ubicado a unos 3,8 kilómetros del actual palacio tribunalicio, saliendo de Villa María por la Ruta Nacional 158, a la altura del kilómetro 155.

La iniciativa contempla centralizar dependencias judiciales provinciales y federales en un único espacio, optimizando infraestructura y condiciones de trabajo.

El terreno destinado a la futura Ciudad Judicial está ubicado en el loteo denominado Aires del Norte, en un predio recientemente cedido mediante un convenio entre privados y el municipio.

El próximo paso será solicitar reuniones con el Ministerio de Justicia y con el Tribunal Superior de Justicia para definir el plan de ejecución.

Al referirse al proyecto, el asesor letrado municipal, Franco Valzacchi, subrayó la necesidad de garantizar condiciones adecuadas y seguras para el funcionamiento del sistema judicial.

En la reunión participaron magistrados, legisladores provinciales, concejales, secretarios judiciales y funcionarios del Ejecutivo municipal.

Entre ellos estuvieron legisladores, integrantes del Concejo Deliberante, jueces civiles y de ejecución penal, además de representantes del Juzgado Federal.

Actualmente, distintas dependencias judiciales funcionan en edificios dispersos, lo que genera limitaciones operativas y edilicias.

Ante este escenario, la nueva infraestructura permitiría centralizar oficinas, optimizar recursos y brindar mejores condiciones tanto a trabajadores judiciales como a la ciudadanía.