Córdoba trabaja en un sistema de "Doble Techo" para presos de alto perfil

El ministro de Justicia de Córdoba, Julián López, abordó dos temas críticos que preocupan a la sociedad cordobesa: la persistencia de actividades delictivas desde las cárceles y el reciente fallo judicial que sobreseyó a dirigentes sociales por protestas en la vía pública. 

López detalló las acciones que la provincia, en conjunto con el gobierno nacional, está implementando para enfrentar estos desafíos, mientras reconoció las complejidades de un sistema penitenciario desbordado y la necesidad de legislar para equilibrar derechos en conflicto.

Combate a la delincuencia desde las cárceles

El traslado de presos federales de alta peligrosidad, como Darío Cáceres, a cárceles de máxima seguridad fuera de Córdoba marcó un hito en la estrategia provincial. 

López explicó que la ausencia de cárceles federales en la provincia obliga a buscar soluciones conjuntas con Nación, en especial con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Estamos trabajando en un sistema de ‘doble techo’ para que internos de alto perfil cumplan sus penas en establecimientos con regímenes más estrictos”, señaló, destacando medidas como uniformes obligatorios, restricciones en visitas y racionamiento alimentario para limitar el ingreso de elementos prohibidos.

Sin embargo, la problemática de los celulares en las cárceles sigue siendo un obstáculo. En los últimos 16 meses, se secuestraron más de 3.500 teléfonos y grandes cantidades de drogas, pero los operativos recientes en el módulo de máxima seguridad donde estuvo Cáceres revelaron 29 celulares más. 

“Es una lucha diaria contra internos que operan como asociaciones ilícitas”, afirmó López, subrayando la dificultad de implementar inhibidores de señal sin afectar las comunicaciones en zonas pobladas. La provincia planea adquirir tecnología avanzada para mitigar este problema, priorizando la seguridad pública sobre el derecho a la comunicación.

El ministro también destacó el proceso de “depuración” del Servicio Penitenciario, iniciado hace más de un año, que incluye la detención de agentes corruptos y una reestructuración para mejorar la gestión. Sin embargo, anécdotas como el uso de certificados falsos de embarazo o drogas escondidas en pañales de bebés evidencian la sofisticación de las redes delictivas. “Estamos invirtiendo en infraestructura y tecnología, pero llevará tiempo”, admitió López, enfatizando el compromiso de dar tranquilidad a los vecinos.

El fallo judicial y la tensión entre derechos

El segundo tema de la entrevista fue el fallo de la Cámara de Acusación que sobreseyó a dirigentes sociales y sindicales por cortes de calle, generando inquietud entre empresarios y comerciantes. López reconoció que el fallo expone una “colisión de derechos” entre la protesta y la libre circulación, y señaló la falta de una legislación provincial clara para regular estas situaciones. 

“Cuando un corte es total, se afecta un derecho fundamental como la circulación”, afirmó, en sintonía con las críticas del sector empresarial, como el G6, que reclama mayor equilibrio en las decisiones judiciales.

El ministro anunció que el Poder Ejecutivo evaluará herramientas legales en los próximos 15 días hábiles, en diálogo con otros poderes del Estado, para abordar esta problemática. “Es un tema complejo, pero debemos garantizar que los derechos de todos se respeten”, subrayó, abriendo la puerta a posibles reformas que armonicen la libertad de expresión con el orden público.