“En Córdoba hay un sistema corrupto que funciona como una mafia”
- 18/02/2026 10:25 hs
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El legislador Gregorio Hernández Maqueda lanzó duras acusaciones en Micrófono Abierto contra el gobierno provincial, denunció un “sistema corrupto” sostenido por la Justicia y cuestionó la legalidad de diversas maniobras administrativas. Además, reclamó una intervención firme del Tribunal Superior de Justicia.
“Primero es que hay un montón de corruptos en todo el gobierno, y vos vas a ver, fíjate cómo viven, quién vive en barrio abierto, quién vive con su sueldo”, sostuvo el legislador Hernández Maqueda, al poner en duda el patrimonio de los funcionarios provinciales. “4 palos son buenos sueldos, te da para vivir muy bien y muy superior al promedio de los cordobeses, pero no te da para ser multimillonario”, agregó.
El dirigente apuntó contra el fuero anticorrupción provincial: “Hay un fuero anticorrupción que ha salvado absolutamente a todos los funcionarios del gobierno de la provincia, a todos les ha archivado causas”. En ese sentido, mencionó obras como el Camino del Cuadrado y el Hotel de Ansenuza, y denunció “sobreprecios” y “contratos totalmente amañados”.
También cuestionó el marco normativo vigente. “La ley de ética pública, la ley de acceso a la información pública están desactualizadas, también la ley de compras; el 80% de los gastos de la Provincia no pasan por el Tribunal de Cuentas”, afirmó. Según indicó, se trata de modificaciones impulsadas en la gestión de Juan Schiaretti y continuadas por Martín Llaryora.
En la misma línea, mencionó contratos vinculados a la compra de drones y apuntó contra empresas estatales y concesionarias de servicios públicos, como EPEC y Aguas Cordobesas, a las que calificó como parte de “un gran curro”.
“Hoy es Llaryora el que encabeza esta mafia, porque es una verdadera mafia; antes era Schiaretti. Pero más allá de quién sea el mafioso de turno, es un sistema corrupto”, enfatizó. No obstante, diferenció las disputas políticas de los límites institucionales: “Una cosa son las diferencias éticas y económicas, otra cosa es violar la Constitución. No jodan con la Constitución”.
Finalmente, reclamó una definición judicial: “Ahora le corresponde al Tribunal Superior de Justicia ser el árbitro del sistema y decir tarjeta roja”. Y atribuyó la situación a “la debilidad y fragmentación de la oposición” y a la “complicidad de sectores del Poder Judicial”, al que acusó de haber permitido “violaciones sistemáticas a la Constitución provincial y a las leyes”.