Se observan altos niveles de deterioro de los derechos humanos en Argentina

El capítulo nacional del informe, relanzado bajo el título "12 meses de gestión, 12 derechos perdidos", presenta un panorama de narrativas violentas, achicamiento de los espacios de participación y represión contra quienes ejercieron su legítimo derecho a manifestarse pacíficamente para expresar su descontento ante las autoridades. Las conclusiones son un deterioro profundo y acelerado en los derechos humanos del país 

Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, indicó que este deterioro se materializa en los retrocesos, en términos de justicia social, de libertades civiles y de garantías individuales. 

El primer eje en el que se hace hincapié el informe tiene que ver con la persecución y confrontación violenta frente a todo aquel que piensa diferente. 

García señaló que se presenta un un combo estratégico que combina el miedo, las noticias falsas y la desinformación como una poderosa arma de adoctrinamiento y censura, el cual tiene a los periodistas y a los medios de comunicación en el centro de la escena. “Los tildan de sobrados, con la estrategia de silenciar voces y procesar la libre circulación de ideas”, expresó.

Amnistía observa esta problemática tanto en el mundo de la libertad de expresión, como así también en el mundo del ejercicio del derecho de reunión o manifestación de protesta pacífica. “Hemos advertido la implementación de la fuerza en los protocolos antipiquetes y el uso ilegítimo y desproporcionado de armas, conocidas como armas menos letales. El gas pimienta y las armas de goma son utilizadas por fuera de los protocolos y principios institucionales de derechos humanos, dejando a más de 1100 personas heridas y a casos extremadamente graves, como el caso de Pablo Grillo”, señaló la directora adjunta, haciendo referencia al fotoperiodista que fue recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en el rostro por parte de un efectivo de Gendarmería mientras registraba una marcha de jubilados.

También se observan grandes retrocesos en términos de derechos económicos y sociales. García indicó que el foco está puesto en la situación de las personas jubiladas. “Somos muy conscientes que la deuda a los adultos mayores no es exclusiva ni excluyente de esta administración, sino que es histórica, pero sí advertimos que su ingreso mínimo no logra cubrir la canasta básica total. Lo que vemos es que tienen un ingreso de pobreza”, sostuvo.

Señaló que, esta política, combinada con la quita de subsidios, la remoción de cobertura de medicamentos y el aumento de costo de vida general, vulnera el derecho a una vida digna a un sector de la población que está históricamente postergado. 

Por último, la directora comentó que, en el informe, se abordan otras medidas que han impactado en el deterioro de la calidad democrática, es decir, en la profundización de la desigualdad y la exclusión. “En especial, estas narrativas violentas contra las mujeres o las personas LGBTQ+, han impactado en la falta de presupuesto para ahondar en políticas públicas”, expresó. Y agregó, “Esta idea de la motosierra y de la ausencia del Estado, llevó a que planes concretos, como el plan de prevención de embarazo no intencional en la adolescencia y la implementación de la ley de aborto, tengan un impacto negativo en la posibilidad que tienen las mujeres, las infancias y las adolescencias de acceder a sus derechos sexuales y reproductivos”. 

A modo de cierre, García sostuvo que Argentina no es un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia global que busca silenciar voces críticas, desmantelar políticas de protección y reprimir la expresión pacífica. “Es por eso que nos vemos con la urgencia de prender alertas y llamar la atención sobre los niveles de deterioro de los derechos humanos en Argentina y en el mundo”, concluyó.

DE UNA